El Constitucional deniega el amparo a una dirigente de Segui al no creer su denuncia de tortura

Madrid, 30 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a la dirigente de Segi Ainhoa Villaverde Arrizabalaga, al considerar procedente el archivo de la denuncia por torturas que interpuso en un juzgado de Vitoria tras su detención, en diciembre de 2010, por "falta de credibilidad sobrevenida".

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) rechaza así la principal pretensión de Ainhoa Villaverde de que se reabriera la investigación de su denuncia por falta de audiencia y vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberle sido tomada declaración antes de acordar el archivo.

A este respecto, la sentencia del TC notificada hoy explica que el archivo de esa denuncia se produjo por falta de credibilidad sobrevenida a la luz de los ocho informes médicos que se realizaron en el curso de la detención y de los que "en absoluto" se desprenden los malos tratos que Villaverde dijo haber sufrido.

Además, en los partes de la clínica forense de Álava y la adscrita a la Audiencia Nacional, "se hace constar expresamente que Ainhoa Villaverde manifestó que fue detenida sin violencia y no haber sufrido maltrato", y tampoco lo denunció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, instructor de la causa por la que fue arrestada.

Según recuerda la resolución, la jurisprudencia del TC sostiene que en los procedimientos iniciados por una denuncia por torturas, no es posible determinar la exigencia de practicar determinadas diligencias de instrucción, "pues debe estarse al caso concreto para poder precisar si las diligencias de investigación son relevantes, circunstancia que no se producirá cuando al inicio de la investigación se verifique que la denuncia no es creíble".

En esos casos, añade la sentencia, "no podrá reprocharse que la investigación finalizara a falta de pruebas suficientes", lo que "alcanza desde luego a la propia declaración de la denunciante".

De este modo, recuerdan los magistrados, "hemos denegado el amparo en este tipo de procedimientos, aun cuando la única diligencia que se practicó fue la obtención de los informes médico-forenses y las resoluciones judiciales rechazaran la práctica de la declaración de la denunciante".

Villaverde fue detenida el 16 de diciembre de 2010 en Vitoria en una operación en la que también fueron arrestados otros siete miembros de la organización juvenil ilegalizada Segi, y, el 20 de diciembre, ingresó en prisión acusada de integración en ETA.

En el auto de prisión, el juez Grande-Marlaska la situaba en el "segundo nivel" de dirección de Segi.

Meses después, el 18 de febrero de 2011, Villaverde denunció haber sido víctima de malos tratos y torturas ante el juzgado de guardia de Vitoria y, el 24 de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, acordó el archivo.

Al rechazar el recurso de reforma contra esta resolución, ese mismo juzgado argumentó que la denunciante "no cuestionó" el proceder de los médicos que la asistieron, "que se negó a ser reconocida, y que si no se practicó reconocimiento físico alguno única y exclusivamente fue porque se negó sistemáticamente a ello".

La Audiencia Provincial de Álava confirmó el 24 de mayo de 2011 la decisión del juzgado, destacando que "nada aportaría" la ratificación de la denuncia inicial por parte de la víctima, dado que los forenses no apreciaron "huella o signo externo, incluso algún estado mental, acorde al sufrimiento de malos tratos" denunciado.