El Colegio de Médicos de Málaga cree que los facultativos detenidos son víctimas

Málaga, 30 oct (EFE).- El Colegio Oficial de Médicos de Málaga considera que todo apunta a que 23 facultativos imputados en una trama que cargaba fármacos de elevado coste, en su mayoría anticancerígenos, a tarjetas de pensionistas, son en realidad víctimas de la estafa.

Fuentes del Colegio han dicho a Efe que los médicos no estarían en ninguna trama y han explicado que hace dos meses dos abogados de su asesoría jurídica acompañaron a la mayoría de estos facultativos en su declaración ante la Guardia Civil.

Han añadido que la mayoría de los médicos tienen contratos eventuales y que no tienen información de actuaciones posteriores a la asistencia jurídica prestada a los imputados.

La Guardia Civil ha detenido a tres farmacéuticos en la operación contra esta trama, que supuestamente vendía los fármacos en el mercado negro para aumentar el rendimiento de los deportistas.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela ha lamentado, en declaraciones a Efe, el arresto de los farmacéuticos y ha ofrecido a los investigadores la colaboración de la institución.

La actividad delictiva ha supuesto un fraude de medio millón de euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a Muface, ya que algunos de los fármacos que cargaban en las tarjetas tienen un valor superior a los 5.000 euros.

La operación, denominada "Apoteque", se inició a finales del pasado año en el núcleo de población de San Pedro de Alcántara, en Marbella y en Almargen (Málaga) tras detectarse que una farmacia dispensaba una elevada cantidad del fármaco Rubifén, muy superior a la media.

El cabecilla de la trama era un empleado de esa farmacia que usaba tarjetas sanitarias de pensionistas clientes para cargar en ellas los medicamentos, que el trabajador retiraba después.

Ningún titular de las tarjetas -pensionistas exentos de pagar por los medicamentos- había solicitado ni recibido esos fármacos y nunca padecieron las enfermedades para las que se indicaban.

Los tres detenidos están acusados de delitos contra la salud pública por despachar medicamentos sin cumplir las formalidades previstas y por traficar con sustancias dopantes, así como de falsedad documental, usurpación del estado civil y estafa.

Por su parte, los 23 médicos han sido imputados como cooperantes necesarios al no cumplir con los protocolos básicos establecidos, como la observación del paciente o la revisión de su historial.