
Madrid, 26 oct (EFE).- Un centenar de letrados del turno de oficio han comenzado hoy un encierro de veinticuatro horas en el Colegio de Abogados de Madrid con el objetivo de reclamar a la Comunidad de Madrid el pago de sus servicios correspondientes a este año.
El vicepresidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Eugenio Ribón, ha hecho un balance de la campaña de renuncias masivas de los abogados del turno de oficio que se puso en marcha el pasado 1 de octubre.
Ribón ha precisado que un total de 1.200 abogados del turno de oficio de los 2.300 designados en Madrid han renunciado a las guardias durante el mes de octubre, lo que ha generado "serias y graves disfunciones en la Administración de Justicia".
El número de suspensiones de diligencias ronda las veinte o veinticinco al día, lo que supone entre 600 y 750 en el último mes, según el representante de ALTODO.
A su juicio, la situación puede ser de "máxima gravedad" cuando falte un abogado del turno de oficio en una causa con detenido por un delito grave -como homicidio o agresión sexual-, ya que a las 72 horas la puesta en libertad es forzosa si no se le puede tomar declaración por falta de letrado.
Los días 7 y 8 de octubre tuvieron que suspenderse todas las actuaciones en los Juzgados de Getafe y Leganés, mientras que el día 11 de octubre no hubo asistencias en Comisarías para víctimas de violencia de género, según los datos aportados por la asociación.
El día 17 de octubre no hubo ni un solo abogado del turno de oficio en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital de Madrid y el día 18 no hubo ni un solo abogado en los partidos judiciales de Colmenar Viejo.
Además, se están produciendo dilaciones superiores a las siete horas en la asistencias a muchos ciudadanos.
La asociación ha comenzado hoy la recogida de renuncias al turno de oficio para el mes de diciembre y ha anunciado su intención de mantener esta situación "de modo indefinido" hasta tanto no se llegue a una solución.
"Los abogados del turno de oficio estamos financiando un servicio y perdiendo dinero", ha dicho Ribón antes de indicar que hay profesionales con muchos años de experiencia y formación que están percibiendo dos euros por hora de trabajo.
Tras considerar que esta situación es "insostenible", ha estimado que el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, tendrá que bajar a los calabozos de plaza de Castilla para asistir a los detenidos porque no va a encontrar abogados del turno de oficio.
La asociación ha criticado además que la Comunidad de Madrid haya denunciado la semana pasada el convenio del servicio de orientación jurídica, que se venía prestando a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, desde hace veinticinco años y atendía de modo continuado a unos 160.000 personas al año.
Este servicio de orientación jurídica suponía un filtro para evitar errores en la presentación de demandas ante distintos órganos judiciales, permitía dar cauce a los procedimientos y era el primer escalón que daba el acceso a la justicia gratuita.
La denuncia del convenio es contraria a la normativa vigente, ya que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece la obligación de crear un servicio de asesoramiento jurídico al ciudadano.
Por ello, ALTODO ha instado al Colegio de Abogados de Madrid a interponer de forma inmediata un recurso contencioso-administrativo, con la solicitud de las medidas cautelares que sean preceptivas, para que se mantenga el servicio y que sea asumido de modo inmediato por el Colegio de Abogados.
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