Barcelona, 23 oct (EFE).- La mayoría de las mujeres que han declarado hoy como testigos en el juicio por los abortos ilegales en las clínicas de Carlos Morín interrumpieron su embarazo porque la gestación entrañaba riesgos para su salud o la del feto y sólo una ha admitido que fue inducida a mentir sobre su estado mental.
Un centenar de mujeres que abortaron en las clínicas de Morín en Barcelona están citadas desde hoy a declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra el ginecólogo, que afronta cerca de 300 años de cárcel por 101 interrupciones ilegales del embarazo, y su equipo médico.
Las mujeres fueron inicialmente imputadas en el caso, aunque la juez instructora archivó después provisionalmente las diligencias contra ellas, por lo que hoy han declarado con la condición de testigos -con la obligación de decir la verdad- y sin riesgo de volver a ser encausadas, dado que los supuestos abortos ilegales que se les podrían atribuir ya han prescrito.
La declaración de las pacientes ante el tribunal, que ha impedido la entrada de las cámaras para proteger su intimidad, resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento del caso, dado que en la instrucción del caso sólo han sido interrogadas por la Guardia Civil, sin presencia de la juez ni las defensas, y como imputadas.
El tribunal ha escuchado hoy el testimonio de seis mujeres que en el año 2007 acudieron a abortar a las clínicas de Morín, la mayoría de las cuales han asegurado que lo hicieron después de que se les detectaran riesgos de malformaciones para el feto o posibles daños físicos para las gestantes.
Concretamente, una de las testigos, que estaba siguiendo su embarazo en la sanidad pública y en la privada, ha explicado que acudió a la clínica de Morín después de que, con veinte semanas de gestación, se le detectara mediante una amniocentesis que el feto padecía una alteración cromosómica denominada síndrome de Turner.
Otra de las pacientes abortó tras tener conocimiento, con 21 semanas, de que a su bebé le habían dejado de funcionar los riñones y estaba perdiendo líquido amniótico, por lo que el feto no era viable, y una tercera ha asegurado que interrumpió su embarazo por consejo de los médicos del Hospital de Palamós (Girona) y de su ginecólogo particular por riesgo de graves malformaciones.
En otro de los casos que se han escuchado hoy en la sala de vistas, la paciente ha explicado que decidió abortar, cuando estaba de 22 semanas de gestación, porque sufría una enfermedad muscular que le comportaba un embarazo de alto riesgo tanto para ella como para el feto.
Sólo una de las testigos, que ha afirmado que decidió abortar tras quedarse sin trabajo cuando estaba de 22 o 23 semanas de gestación, ha incriminado a los acusados al mantener que un psiquiatra le sugirió que en el test psicológico "pusiera que estaba mal psicológicamente para que el aborto se pudiera realizar".
Según la versión de esta mujer, que abortó acogiéndose al supuesto de daños psíquicos para la gestante previsto en la antigua ley, el equipo médico le había suministrado ya la medicación para dilatar antes del aborto cuando fue visitada por el psiquiatra que diagnosticó su trastorno mental.
Otras de las pacientes, que ha declarado por videoconferencia, ha asegurado que interrumpió su embarazo en una de las clínicas de Morín cuando se encontraba "de tres o cuatro semanas", por lo que su aborto sería legal al amparo de la nueva ley aprobada en 2010.
De hecho, para juzgar esta causa el tribunal debe aplicar tanto la antigua como la nueva legislación sobre el aborto, en función de la que resulte más beneficiosa para los acusados, por lo que algunos de los casos que hoy se han expuesto ante el tribunal podrían resultar legales al amparo de una u otra normativa.
La ley aprobada en 2010, que dio pie al archivo de otros 50 abortos que inicialmente se imputaban a Morín, permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en los casos en que existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto.
La anterior legislación, vigente desde 1985, despenalizó el aborto en las 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de malformaciones del feto y sin límite en caso de riesgo para la salud física y mental de la madre.
