El exdirector Guerrero dice no tener 50.000 euros para la fianza en el caso de los ERE

Sevilla, 17 oct (EFE).- El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha rebajado hoy de 150.000 a 50.000 euros la fianza impuesta a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta y último de los implicados en el caso de los ERE falsos que sigue en prisión, aunque su abogado dice que no tiene ese dinero.

El juez sustituto de Mercedes Alaya -que está de baja por enfermedad- entiende, en un auto de seis folios, que persiste el riesgo de que Guerrero intente fugarse o influir sobre otros testigos o imputados en caso de salir ahora de la cárcel, donde se encuentra desde el pasado 9 de marzo.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho hoy a los periodistas que tenía la esperanza de que Guerrero pudiese quedar libre sin fianza después de que el lunes la Audiencia de Sevilla decretase libertad sin fianza para su chófer, Juan Francisco Trujillo, también preso desde marzo pasado.

Por ello, De Pablo ha afirmado que tiene "una sensación agridulce" y ha anunciado que la familia "va a moverse e intentar conseguir" esa cantidad, aunque lo más probable es que no lo alcance y que el abogado se vea obligado a recurrir en apelación ante la Audiencia.

Guerrero está encarcelado desde el 9 de marzo pasado y hasta ahora su familia ha sido incapaz de reunir tanto la primera fianza de 250.000 euros como los 150.000 euros en que quedó fijada el pasado 20 de septiembre, pese a haber emprendido una campaña entre sus amigos y familiares mediante mensajes SMS.

El que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008 se encuentra internado en la cárcel Sevilla-1.

La juez decretó prisión contra él y le impuso una fianza civil de 686 millones de euros para responder, entre otras subvenciones presuntamente fraudulentas concedidas bajo su mandato, por 456 millones en el capítulo de ayudas sociolaborales, 59 en ayudas a empresas y tres millones en primas por "intrusos", entre ellos su propia suegra.

De los 69 imputados en el caso, Guerrero es el único que queda en prisión tras la libertad de su chófer y la de Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo, que salió de la cárcel en agosto tras depositar 450.000 euros.