Sevilla, 16 oct (EFE).- El juicio por la presunta petición de comisiones en Mercasevilla inicia hoy su recta final con la declaración de los peritos policiales que analizaron la grabación inculpatoria, tras lo cual elevarán a definitiva su petición de condena el fiscal y las acusaciones particulares.
La vista, que se celebra ante un jurado popular, se reanuda con la declaración de los peritos policiales que analizaron la cinta aportada por dos empresarios del Grupo La Raza, que grabaron en secreto la entrevista que mantuvieron en enero de 2009, en la que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce les pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros.
Los peritos policiales deben certificar las condiciones técnicas de la grabación, ya que su informe señala que no es posible identificar a los participantes en la reunión debido a las malas condiciones acústicas y el ruido ambiental.
Pese a estas deficiencias, los dos empresarios -Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas- declararon la semana pasada ante el jurado y confirmaron la petición de comisiones, que debía entregar en un maletín que "dejarían olvidado" en un despacho de Mercasevilla, como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que iba a abrirse en el mercado.
A continuación el juicio enfilará su recta final, en la que las partes personadas deben elevar a definitivas sus conclusiones.
La Fiscalía de Sevilla pide 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados: los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
El PP, que ejerce la acusación, solicita un año de cárcel, trece de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones de euros, mientras que los actuales directivos de Mercasevilla -con mayoría municipal del PP- se adhieren a la petición del fiscal.
Las defensas de todos los imputados, por su parte, solicitarán la absolución, en el caso de Rivas porque niega haber intervenido en la petición de comisiones y en el de Regla Pereira porque sostiene que sus funciones se limitaban a ser una secretaria.
Por su parte, Ponce declaró al jurado que pidió las comisiones por orden de Mellet y éste se acogió a su derecho a no declarar, tras afirmar que la grabación se hizo vulnerando su derecho a la intimidad.
