El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, un texto que, en su versión presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contará con algunas novedades en materia económica con respecto al informe presentado el pasado 14 de septiembre.
Entre las nuevas previsiones se encuentra la extensión del decomiso ampliado -es decir, la presunción de considerar como procedentes de delito el patrimonio cuyo valor sea desproporcionado respecto a los ingresos legales de las personas condenadas- a los delitos de blanqueo de capitales y a los de falsificación y corrupción en el sector privado, entre otros.
El resto de novedades gira en torno a la violencia sobre la mujer y, en concreto, se incluyen cuatro nuevos delitos: se tipifica el matrimonio forzado como delito agravado de coacciones; se crea un nuevo tipo penal de acoso para castigar conductas que, sin emplear violencia, coartan la libertad mediante vigilancias o llamadas reiteradas; se castiga la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima aunque ella se las facilitase a alguien; y se penaliza utilizar dispositivos electrónicos para vulnerar órdenes de alejamiento.
En cuanto al delito de administración desleal, Gallardón reiteró que, tal y como constaba en el informe presentado semanas atrás, el futuro texto lo tipificará como delito patrimonial en lugar de societario, dado que "cualquier persona" puede ser víctima de este ilícito. Así, con la reforma se castigarán los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administre el patrimonio de un tercero y le cause un perjuicio o cree una situación de peligro de pérdida de éste.
Nueva Ley del Poder Judicial
El Consejo de Ministros también sirvió para dar luz verde a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo objetivo es la "profesionalización de la carrera judicial", así como garantizar la estabilidad presupuestaria.
El ministro explicó el nuevo régimen de sustituciones de jueces y magistrados, por el que los propios jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial serán quienes realicen las sustituciones -de forma voluntaria- mediante "un orden de llamamientos en el que la sustitución interina sea la última y excepcional posibilidad".
En cuanto a los permisos, se reducirán a tres días al año (actualmente cuentan con seis permisos de tres días cada uno) y se suprime la necesidad de justificar su causa ante el superior que corresponda. Se crea, por otro lado, una nueva licencia por la que jueces y magistrados podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año, para el estudio de causas de gran complejidad o ante la acumulación de asuntos.
Estatuto de la víctima
Por último, Gallardón presentó el informe del Estatuto de la Víctima de Delito, un texto que dará lugar a un anteproyecto de ley cuyo objetivo es ofrecer una respuesta jurídica y social "lo más amplia posible" que minimice cualquier efectos traumático que pueda producirse a lo largo de un proceso judicial, hasta el dictado de la sentencia.
La principal novedad reside en que las víctimas, aunque no estén personadas en un procedimiento judicial, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que se dicten en un plazo amplio que les permita disponer de tiempo suficiente para valorar si deben hacerlo. También se mejorarán los servicios asistenciales y de asesoramiento legal, entre otros.
