El PP aporta documentos de que el exdelegado de la Junta conocía la ayuda

Sevilla, 9 oct (EFE).- El PP, que ejerce la acusación en el juicio por la petición de comisiones en Mercasevilla, ha aportado hoy tres documentos que, según afirma, demuestran que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, "tenía pactada" un año antes una ayuda de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería.

El abogado del PP ha aportado por sorpresa tres documentos que afirma haber encontrado hoy mismo entre la documentación que Mercasevilla ha enviado a la juez Mercedes Alaya, dentro de las diligencias que un delito societario en el mercado.

Se trata de la petición de subvención que Mercasevilla presentó en diciembre del 2006 a la Delegación que dirigía Rivas y dos borradores de convenio para la creación de una Escuela de Hostelería, el último de ellos de diciembre del 2007 a cuyo pie figura Antonio Rivas como firmante, aunque sin su rúbrica.

Tales documentos son anteriores a la concesión de una subvención de 900.000 euros de la Junta a la Escuela de Hostelería, que sirvió para pedir al Grupo La Raza una comisión de 450.000 euros como condición para gestionar la iniciativa.

Rivas negó en su declaración ante el jurado haber intervenido en la tramitación, pero el abogado del PP ha dicho al tribunal que estos documentos demuestran que "desde 2006 tenía pactada la subvención", otorgada en diciembre del 2008.

Los documentos han sido aportados cuando se encontraba declarando como testigo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien acababa de decir que Rivas "por ley ni tramita, ni propone, ni aprueba ni reintegra" subvenciones.

A un abogado que le preguntó si le parecía normal que Rivas hubiese celebrado cinco reuniones sobre dicha escuela, ha contestado que "a un delegado provincial que, teniendo 40.000 parados en la hostelería de su provincia, no se reúna cinco veces, lo destituyo".

Al término de la sesión de hoy, Rivas ha explicado a los periodistas que esos documentos eran un borrador redactado por Mercasevilla, no por la Junta, y que no están firmados por él, aunque figure su nombre.

Estos documentos han elevado la tensión en la sala de vistas, con quejas de los defensores por esta "grave deslealtad procesal" del PP, que ha zanjado el presidente del jurado diciendo que los acepta como prueba puesto que afectan al objeto del juicio y pueden servir para "valorar la credibilidad del testigo".

Instantes antes, Fernández había pedido amparo al juez cuando el abogado del PP, Luis García Navarro, le preguntó si era él quien había ordenado pedir la "mordida" al Grupo La Raza, una "imputación que me indigna y atenta contra mi honor", ha dicho el exconsejero.

Además, ha afirmado que la petición de esa comisión fue la primera de la que tuvo noticia en sus quince años como cargo público y que su descubrimiento le produjo "sorpresa y enfado".

Los defensores han protestado también cuando el letrado del PP ha preguntado a Fernández por su imputación por los ERE falsos que lo mantuvo cuatro meses encarcelado.

Las defensas han dicho que la pregunta es "una forma de presionar al testigo" pero el magistrado presidente la ha considerado pertinente y Fernández ha contestado que el está imputado "junto a otros 69 ciudadanos andaluces".

La jornada de hoy ha escuchado además al "conseguidor" Juan Lanzas, quien ha dicho que no cobró por las "tres consignas" que dio para la Escuela de Hostelería y que en las negociaciones representaba a Mercasevilla y los empresarios de La Raza, aunque éstos lo niegan.

Ha relatado que el exgerente de Mercasevilla imputado, Fernando Mellet, le pidió consejo sobre la Escuela de Hostelería y él le dio "tres consignas: tener un sitio, buscar a gente que conociese el ramo y pedir ayudas públicas".

También ha comparecido Juan Gallo, ex director general de la Consejería de Presidencia de la Junta, a quien los empresarios denunciantes comentaron la petición de una comisión de 300.000 euros que "debían detraer de la subvención de 900.000 euros" y les aconsejó buscar pruebas, por lo que decidieron grabar su siguiente entrevista con los acusados.