El exalcalde socialista de Castellet i la Gornal Josep Rosell y el exteniente de alcalde de Urbanismo Antonio Molina han alegado este martes ante el juez de la Audiencia de Barcelona que ignoraban que no se podía edificar en las parcelas que desde el Ayuntamiento vendieron a una quincena de particulares en los años 90, porque eran 'zona verde'.
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
A consecuencia de esta situación, los afectados, que han declarado como testigos, tuvieron la obra congelada 15 años hasta que se modificó la ley en 2003 y pudieron acabar la construcción de sus viviendas; además han tenido que esperar 20 años a que el caso llegara a juicio.
La Fiscalía ha solicitado, provisionalmente, una pena seis meses de cárcel y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años, mientras que la acusación particular pide inicialmente 12 años de prisión.
Uno de los letrados de las tres acusaciones particulares, Francesc Rovira, ha explicado ante los medios que los acusados "eran conocedores directos o lo tendrían que haber sido porque están obligados de conocer la legalidad y de controlarla", además de afirmar que tenían un inventario de todas las parcelas, con lo que sabían su calificación.
Las acusaciones consideran que se realizaron dobles ventas, ya que en más de seis casos los terrenos afectados habían sido revendidos, y que los procesados "cobraron un doble sueldo" a través de una oficina privada de asesoramiento donde trabajaban funcionarios públicos.
Contrariamente, el exalcalde, a quien le costaba seguir el interrogatorio porque es anciano, ha manifestado que la citada oficina se dedicaba exclusivamente a orientar y a arreglar los documentos a los propietarios de las urbanizaciones, negando que cobrara nada y que vendiera terrenos que ya tenían propietario y estaban construidos.
"Yo era alcalde pero todo lo de las urbanizaciones lo llevaba el señor Molina", se ha exculpado Rosell ante el tribunal, si bien el exteniente alcalde ha afirmado que la venta de las parcelas protegidas se aprobó en pleno municipal ignorando que fueron zonas no edificables.
El secretario del consistorio entre 1983 y 1995, citado como testigo, ha explicado que los servicios administrativos y técnicos eran los encargados de preparar la documentación antes de cada pleno y que se pudo producir un "error en el expediente" que explicaría la falta de conocimiento de los concejales.
AFECTADOS
Los perjudicados han explicado que hasta que se produjo el cambio de gobierno con CiU, no supieron que en aquellas parcelas eran 'zona verde', y que entonces empezaron a vivir "un calvario" por si tirarían o no al suelo lo que habían empezado a construir.
Uno de los afectados ha detallado que acudió al consistorio con su dinero y su documentación y que realizó la compra ante notario con la firma del alcalde: "Pregunté si estaba libre y me dijeron que sí", ha lamentado.
Además de la pena de cárcel e inhabilitación, el fiscal pide que se declaren nulas las ventas y que los acusados indemnicen a los compradores con 8.414, 8.463 y 1.502 euros respectivamente en cada uno de los casos que se continuarán juzgando este miércoles.
