El asesinato de un fiscal y un abogado conmociona a la sociedad hondureña

Tegucigalpa, 25 sep (EFE).- Las autoridades hondureñas han prometido hoy una exhaustiva investigación de los recientes asesinatos de un fiscal de Derechos Humanos y de un abogado de campesinos que exigen tierras para cultivar, que han conmocionado a una sociedad azotada por una sangrienta ola de violencia.

El fiscal general adjunto y a la vez presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, dijo hoy a Efe que el Gobierno debe "hacer una exhaustiva investigación" para que de esos crímenes no queden impune.

El abogado Antonio Trejo, defensor de grupos de campesinos en el Caribe de Honduras, fue asesinado el domingo por unos pistoleros en Tegucigalpa, mientras que su Manuel Díaz, fiscal de Derechos Humanos, murió el lunes en un ataque similar en Choluteca, en el sur del país.

Estos crímenes han conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la actual ola de violencia, que se cobra la vida de una media de unas 19 personas al día, en un país de 8,2 millones de habitantes.

Diversos sectores sociales hondureños, así como varios gobiernos y asociaciones defensoras de los derechos humanos condenaron este martes el asesinato de los dos abogados y exigieron al Gobierno que preside Porfirio Lobo una "inmediata" investigación.

"Condenamos ese acto de violencia, este es el momento para que todos nos unamos en este combate", agregó Urtecho, quien lamentó que a los fiscales les piden "resultados pero no les dan protección".

"Este es el momento para aprobar mecanismos que brinden protección a los operadores de justicia y a los comunicadores, que son los grupos más vulnerables" a la violencia en Honduras, señaló el fiscal.

Desde 1994 hasta la fecha, en Honduras han sido asesinados siete fiscales, incluido Díaz, según cifras del Colegio de Abogados.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó los asesinatos de Díaz y de Trejo y pidió a las autoridades hondureñas "garantizar la seguridad" a las personas que trabajan en el ámbito judicial.

Custodio señaló en un comunicado que la profesión del derecho se ha convertido, junto a la de los periodistas, policías y taxistas, "en una labor de alto riesgo".

Trejo, como abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), defendía los intereses de grupos de campesinos que exigen al gobierno tierras en esa zona de la costa del Caribe.

en la región se vive un ambiente tenso por los frecuentes enfrentamientos armados entre agricultores y guardias de seguridad de los terratenientes, que en los últimos tres años han dejado más de 60 muertos.

El Gobierno español expresó hoy su repulsa y consternación por los asesinatos de Díaz y Trejo y reafirmó su disposición para continuar colaborando con el Gobierno hondureño en sus esfuerzos por lograr un mayor clima de seguridad, avances en la lucha contra la impunidad y respeto a las libertades en el país.

Estados Unidos también mostró su "tristeza e indignación" por el asesinato de Trejo y exigió al Ejecutivo del presidente Porfirio Lobo una "inmediata y transparente" investigación del caso.

La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, dijo en un comunicado que su país está "comprometido a trabajar con el Gobierno de Honduras para asegurar que los responsables de este acto censurable sean llevados ante la justicia".

Expertos estadounidenses ayudarán en la investigación del asesinato de Trejo, a través de la Fuerza de Tarea para Víctimas Especiales, según la nota oficial.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), también condenó el asesinato del fiscal de derechos humanos y mostró su preocupación por la violencia que "esta sembrando el terror en la población".

Honduras, país considerado por las Naciones Unidas como el más violento del mundo, en 2011 registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy superior a la media Latinoamérica de 20 y a la mundial de 8,8, según el Comisionado de los Derechos Humanos.

De acuerdo al mismo organismo humanitario, en los últimos veinte meses al menos 30 abogados han sido asesinados en Honduras, país que hasta junio pasado registró unas 3.363 muertes.