Los abogados de los ocho imputados por la presunta comisión de un delito contra altos organismos de la nación a los que se acusa de promover la organización de la protesta que mañana llama a rodear el Congreso, han aportado este lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional el escrito de la Delegación del Gobierno de Madrid en el que se autoriza la celebración de la marcha en el entorno del edificio de la Cámara Baja.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado, Santiago Pedraz, ha citado a declarar para el próximo día 4 de octubre a ocho participantes en las asambleas organizativas de la protesta, a los que imputa indiciariamente la comisión de un delito contra Altos Organismos de la Nación por promover la concentración.
Las citaciones se han producido después de que agentes de policía identificaran el pasado domingo en el parque de El Retiro de Madrid a estas ocho personas como organizadores de protesta, que lleva por lema 'Rodea el Congreso'. El magistrado cuenta además con una investigación judicial llevada a cabo en los últimos días sobre el despliegue de la protesta en la que se han recabado detalles y comentarios sobre la convocatoria que circulan en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.
Según consta en la citación judicial, se les imputa como responsables del delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
Desde la Coordinadora 25S, que se encarga de organizar la protesta, han insistido que se trata de una acción "no violenta" y no pretenden impedir el paso de los diputados. "Se llegará hasta donde lo permita la barrera policial", señalan.
Asimismo, teniendo en cuenta lo ocurrido y de cara a las próximas reuniones organizativas que tendrán lugar en El Retiro este fin de semana, advierten del "posible riesgo que se deriva de la asistencia a las mismas", al tiempo que insisten en que sus actuaciones "No son ilegales".
"Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el próximo 25 de septiembre", añaden.
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