El fiscal defiende el rastreo de 8.000 teléfonos para esclarecer el asesinato del capo Vargas

Madrid, 20 sep (EFE).- El fiscal Salvador Viada ha defendido hoy la legalidad del rastreo de 8.000 números de teléfono en la investigación del asesinato del capo colombiano Leónidas Vargas, en el hospital 12 de Octubre de Madrid en 2009, porque se hizo para localizar al presunto responsable y solo se intervino ese teléfono.

Así lo ha manifestado el fiscal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la vista de los recursos interpuestos por cuatro de los seis condenados por el asesinato de Vargas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que les condenó a penas de entre 4 y 26 años de cárcel.

La principal alegación de los cuatro recurrentes -Jonathan Fajardo, Jonathan Montoya, Jonathan Andrés Ortiz y Alexander Salazar- se ha centrado en la nulidad de las intervenciones telefónicas por partir de un "rastreo masivo" a 8.000 números.

A este respecto, el fiscal ha negado que eso fuera así y ha explicado que cuando la policía visionó el vídeo del hospital en el que se veía al autor de los disparos hacer una llamada se buscó el número de terminal y para ello se hizo un rastreo.

Posteriormente, se hizo un acotamiento de esas llamadas para determinar las búsqueda de ese número teniendo en cuenta la hora en que se produjo la llamada y por "un hallazgo casual" se descubrió además que el número sospechoso aparecía en una investigación de narcotráfico en un Juzgado de Jaén.

El fiscal ha destacado que con ese rastreo se consiguió localizar a los responsables del hecho "en un asesinato del que no se tenían muchos indicios" y cuya "única laguna" es que no se ha llegado a identificar a la persona que "impulsó a los acusados a cometer el crimen".

Cree así que existen suficientes indicios de culpabilidad contra todos ellos y ha sostenido que son "todos coautores" porque "unos pagan al asesino, otros entregan el arma, otros vigilan a la víctima y llevan al asesino a la víctima, y otros guardan el arma y esconden al asesino".

En cuanto a la absolución de Yuli Carolina O.R, novia del condenado como autor material del asesinato y que se encontraba entre el público asistente a la vista, el fiscal ha entendido que no había pruebas consistentes de que conociera los planes de su amante.

Según la sentencia recurrida, el colombiano Jonathan Andrés Ortiz, condenado a 25 años y nueve meses por los delitos de asesinato alevoso y tenencia ilícita de armas, fue quien "efectuó varios disparos con una pistola semiautomática" contra Vargas, causándole la muerte de manera inmediata.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmada por el TSJM, recordaba los hechos declarados probados por un jurado popular, que concluyó que los condenados prepararon el asesinato del capo tras recibir un encargo de personas desconocidas.