
Santander, 20 ago (EFE).- La magistrada del Tribunal Constitucional Encarnación Roca ha dicho hoy que en la justicia española, como en cualquier otra profesión, hay "un porcentaje" de jueces "que son un desastre", porque ha añadido que "ni todos son buenos, ni todos son listos, ni todos son malos".
"Locos, ignorantes y caraduras, en todas las profesiones hay un porcentaje", ha incidido Roca en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, antes de impartir la conferencia "Derecho y familia" en el Aula de Verano Ortega y Gasset.
En un encuentro con periodistas, la recién nombrada magistrada del Constitucional se ha negado a hablar sobre los asuntos pendientes de este órgano judicial.
Lo que sí que ha dicho es que la situación del Tribunal "se ha normalizado" al estar completo, con los doce miembros que establece la Constitución, para empezar a trabajar en septiembre.
Procedente del Supremo, Roca ha llamado la atención sobre la importancia de los asuntos que se tratan en los tribunales ordinarios, frente a los que abordan en el Constitucional, que, pese a "tener más morbo", "no influyen prácticamente para nada" en la vida de la mayoría de los ciudadanos.
En cuanto a la imagen de la justicia, Encarnación Roca ha opinado que los ciudadanos confunden el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano "político" de gobierno de los jueces, con los tribunales, a la vez que ha señalado que los medios "son muy escasos".
En este sentido, ha explicado que se ha quedado "muy sorprendida" sobre la diferencia de medios materiales entre el Supremo y el Constitucional. "Es la noche y el día", ha valorado Roca, para quien estas situaciones también influyen en la calidad de la justicia.
Sin embargo, la magistrada ha opinado que, dentro esa mala imagen que los ciudadanos puedan tener de la Administración de Justicia no se puede poner como ejemplo el caso Spanair, al tratarse de un asunto con muchas víctimas y actores implicados.
Por el contrario, ha recordado que la media de resolución de un divorcio en España, desde la demanda hasta la sentencia, "no llega a cinco meses", un periodo de tiempo que considera "bastante razonable".
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