Sevilla, 11 ago (EFE).- Una misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado tres sentencias contrarias sobre la legalidad de las ayudas concedidas por Francisco Javier Guerrero, ex director general de la Junta encarcelado desde marzo por los ERE irregulares.
Dicha contradicción fue puesta de relieve por Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo, durante su declaración como imputado el pasado 11 de julio, cuando aportó una sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJA de mayo de 2011 que condenó a la Junta a pagar a Cajamar 194.229 euros por una operación de crédito de la empresa Fivesur, luego declarada en concurso de acreedores.
Según el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Rivera resaltó ante la juez Mercedes Alaya que el TSJA consideró, respecto a Fivesur, "que la resolución del señor Guerrero era ajustada a derecho", pese a que hay "dos resoluciones posteriores de la misma sala, la misma sección y los mismos magistrados que se pronuncian de manera contraria".
En una de esas sentencias posteriores, incluso, el TSJA denunció en el juzgado de instrucción a Guerrero por haber concedido dos ayudas de 1,2 millones de euros a la empresa Maestrazgo de Sevilla "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente".
Tanto las ayudas a Maestrazgo de Sevilla como otra a Tierra Virgen Alimentación fueron declaradas "nulas de pleno derecho" por el TSJA, quien consideró que Guerrero las concedió "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y "otorgó lo que califica como subvención cuando no consta ni siquiera haberse solicitado la misma" y "sin que conste la causa" para concederla.
En su declaración ante Alaya, Rivera manifestó que las dos sentencias del TSJA contrarias a la actuación de Guerrero "han clarificado el tema" para la decisión de la Junta de revisar de oficio todas las subvenciones excepcionales concedidas a empresas y ayuntamientos, de las que hasta ahora se han revisado 191.
En cambio, en la sentencia referida a Fivesur, el TSJA dio la razón a Cajamar y condenó a la Junta a abonarle 194.229 euros como garante de unas operaciones crediticias, frente al argumento de la administración de que se trataba solo de un compromiso "que no se había materializado en la póliza de préstamo correspondiente".
"Estamos ante una resolución típicamente administrativa" y "de fomento", otorgada dentro de las funciones de la dirección general de Trabajo para "el mantenimiento del empleo y tejido productivo andaluz", según el TSJA.
