Elevan a juicio causa "por vuelos de la muerte" en la dictadura argentina

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- La Justicia argentina decidió hoy elevar a juicio oral la investigación de los denominados "vuelos de la muerte" en los que desaparecieron opositores a la última dictadura militar (1978-1983), informaron fuentes judiciales.

En el caso aparecen involucrados el piloto Julio Poch -extraditado desde España-, Enrique de Saint Georges y Gonzalo Torres de Tolosa.

La elevación a juicio oral fue dispuesta por el juez Sergio Torres, a cargo de la etapa de instrucción, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Mediante los llamados "vuelos de la muerte" fueron arrojados al mar y al Río de la Plata detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura.

Se calcula que por la ESMA pasaron unas 5.000 personas durante la dictadura, que dejó en total 30.000 desaparecidos, según organizaciones de Derechos Humanos.

Poch fue extraditado en mayo de 2010 desde España, donde había sido detenido en septiembre de 2009 cuando hizo una escala como piloto de una aerolínea holandesa.

El también piloto Saint Georges fue detenido en junio de 2011, al igual que el abogado Torres de Tolosa, el único civil que presuntamente participó de estos vuelos, según denunció el exmarino Adolfo Scilingo.

Scilingo, que desveló en 1995 este método de exterminio utilizado durante la dictadura, cumple desde 2007 una condena de 1.084 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo español.

El Torres también ordenó juicio oral contra Juan Ernesto Alemann, secretario de Hacienda durante la dictadura, a quien se acusa de visitar la ESMA en 1980 para tomar contacto, en la sala de torturas y partos, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad.

Según el juez, en esa ocasión Alemann, "habría tomado conocimiento en forma directa de los hechos que ocurrían de modo sistemático en la ESMA" tales "como privaciones de libertad, la obtención de información mediante la aplicación de tormentos a personas secuestradas, la realización de trabajos de inteligencia relativos a los integrantes de diversas agrupaciones políticas o sociales".

En tales circunstancias, dijo Torres, "el imputado habría omitido la obligación que su calidad de funcionario público le imponía de denunciar tanto el hecho ilícito del que estaba siendo víctima en aquel momento Orlando Ruiz, como así también del funcionamiento del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada".

Ruiz, que permanece desaparecido, estuvo privado ilegítimamente de su libertad entre mayo y julio de 1980, junto a su esposa embarazada -Silvia Beatriz María Dameri- y dos hijos menores -María de las Victorias y Marcelo Mariano-.

Luego, fue trasladado a la ESMA, donde permaneció clandestinamente detenido "bajo condiciones inhumanas de vida y se lo sometió a torturas", recordó el CIJ.