Madrid, 9 ago (EFE).- El juez Santiago Torres ha abierto una pieza separada del "caso Guateque" para investigar "la impunidad" en el funcionamiento de la discoteca "Dink", situada en la calle Amaniel, en el barrio de Malasaña del madrileño distrito de Centro.
En un auto de finales de junio, Torres, que investigaba el "caso Guateque" como titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ordena incoar diligencias previas por emisiones sonoras y vibraciones, cohecho y prevaricación en el funcionamiento de la discoteca "Dink", ubicada en el número 13 de la calle Amaniel.
Según el auto del juez, el local permaneció abierto sin licencia y causó daños y molestias a los vecinos por incumplir la normativa de ruidos, a pesar de que la Policía Municipal propuso su cierre tras numerosas inspecciones por rebasar aforo, por incumplir el horario de cierre o por tolerar el tráfico y consumo de drogas.
Por esta causa, están imputados uno de los socios que regentan la discoteca, Acisclo F.R., y su padre, Joaquín F.C.
El Juzgado solicita al inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid todas las actas de infracción con motivo de las inspecciones llevadas a cabo en la discoteca "Dink".
Igualmente, exige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la Junta Municipal de Centro que le envíen todos los expedientes relacionados con la discoteca.
Esta es una de las seis piezas separadas en las que el juez Santiago Torres ha convertido el "caso Guateque" sobre una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, que se destapó en noviembre de 2007 con la detención de dieciséis funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid.
En una de las piezas separadas, el juez Torres ordena el procesamiento de veintiocho personas, entre ellos varios funcionarios municipales, por los delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
En otra de las piezas separadas, el juez ordena la investigación de la denuncia presentada por Aída Nízar sobre las emisiones sonoras y vibraciones emitidas por el bar de copas "Abarote", situado en el número 80 de la calle Lagasca, y la posible recepción por el técnico municipal Miguel Ángel G.J. de "un sobre abultado" justo después de no haber realizado una medición sonora en la vivienda de la denunciante.
Torres ordena en otra pieza separada la investigación de un posible delito de tráfico de influencias en la tramitación de licencias de actividad y funcionamiento del restaurante "La hacienda argentina", ubicado en el número 41 de la calle Ibiza.
Por estos hechos están imputados el matrimonio formado por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y Teresa G.B. -propietario del restaurante a través de sociedades interpuestas para ocultar la participación de López Viejo-, así como el director general de Evaluación Medio Ambiental Ramón Enrique S.L·L.
Asimismo, el juez abre otra pieza separada para investigar "la impunidad" en el funcionamiento del establecimiento "La Botellita", situado en el número 63 de la calle Serrano, que gozaba de protección para permanecer abierto, a pesar de las denuncias e inspecciones por incumplir la normativa de evacuación de incendios.
Por el momento, aparecen imputados Antonio S.E., Victoriano C.F. y Juan José A.L.
Asimismo, Torres ordena en otra pieza separada investigar la denuncia del imputado A.T.V. por amenazas e interferencias en el funcionamiento de los locales que administraba.
