La defensa afirma que el "juicio del siglo" en Brasil es una invención sin pruebas

Brasilia, 9 ago (EFE).- Los defensores de cinco de los 38 acusados por los escándalos de supuesta corrupción que sacudieron a Brasil en 2005 coincidieron hoy en que el proceso que se desarrolla en el Tribunal Supremo no pasa de una "invención sin prueba alguna".

En la quinta audiencia del caso, que juzga denuncias de sobornos a diputados y de financiación ilegal de campañas, incluida la que llevó al poder en 2003 a Luiz Inácio Lula da Silva, la corte escuchó a los abogados de cinco acusados, entre ellos el exministro de Información Luiz Gushiken.

El abogado Luis Justiniano de Arantes hizo un repaso de la vida política de Gushiken como sindicalista y fundador, junto con Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y destacó que "nunca" fue objeto de ninguna acusación hasta que comenzó este proceso, que la prensa y analistas locales consideran el "juicio del siglo".

Gushiken fue acusado de malversación, por una supuesta gestión hecha ante el Banco do Brasil (público) para que contratase empresas que formaban parte de la trama de corrupción que se investiga.

Sin embargo, el abogado citó que el propio procurador general, Roberto Gurgel, quien actúa en el proceso como parte acusadora, pidió al Supremo el pasado viernes la "absolución" de Gushiken porque "no fueron halladas pruebas en su contra".

De Arantes celebró esa posición del procurador, pero dijo que eso "no basta", pues la defensa quiere para el exministro "la más firme declaración de inocencia" y no una absolución apoyada en la falta de pruebas.

También alegó inocencia e "inconsistencia de pruebas" el abogado del diputado Joao Paulo Cunha, quien presidía la Cámara Baja en la época y que es candidato del PT a la alcaldía de la ciudad de Osasco en las elecciones municipales que se celebrarán en octubre próximo.

Cunha está acusado de contratar agencias de publicidad que debían promocionar la imagen del Congreso, pero que según la Procuraduría no hicieron ese trabajo y desviaron parte del dinero recibido a las arcas del PT y a la trama de corrupción.

El más firme en la tesis de la falta de pruebas fue el abogado Marcio Thomaz Bastos, quien fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Lula y hoy se presentó como defensor del exdirectivo del Banco Rural José Roberto Salgado.

Según la acusación, que se apoya fundamentalmente en testimonios y el análisis cruzado de movimientos financieros, ese banco privado habría otorgado créditos sin las debidas garantías al PT y a otras empresas vinculadas a la trama de corrupción, que luego alimentaron la red de sobornos a diputados.

Bastos dijo que en "todo el proceso" no aparece "ninguna prueba" contra su cliente y llegó a calificar toda la acusación como una "invención" y una "construcción mental" que "no se sustenta".

Presentó documentos según los cuales los préstamos fueron todos pagados y afirmó que "nada apunta" a una supuesta responsabilidad de los directivos del Banco Rural en la alegada trama de corruptelas.

En la misma línea se manifestaron los abogados de Vinicius Samarane y Ayanna Tenorio, otros dos exdirectivos del Banco Rural que figuran entre los acusados.

La falta de pruebas ha sido esgrimida por los 15 abogados que hasta hoy han presentado sus alegatos ante el Supremo.

No obstante, tres de ellos han admitido que hubo ilícitos en la financiación de las campañas del PT en 2002, aunque puntualizaron que en ese caso no serían delitos penales, sino irregularidades ya prescritas y encuadradas dentro del marco de la justicia electoral.

Los 23 abogados que aún debe escuchar el Supremo presentarán sus alegatos en los próximos días y, una vez concluida esa fase, los 11 magistrados de la corte dedicarán otras sesiones a deliberar sobre la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Según el propio tribunal, las sentencias serán dictadas antes de mediados de septiembre próximo.