A pesar del aumento de la litigiosidad que ha traído de la mano la crisis económica, la respuesta de la Administración de Justicia ha sido "el aumento de su capacidad de respuesta", una actitud que, según aseguró ayer la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, queda "desdibujada por las carencias de medios materiales y humanos".
Por ello, en el marco de la presentación de la Memoria de actividades correspondiente a 2011 -en la que se recogen los datos sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo y de los juzgados y tribunales de Justicia-, Bravo aprovechó para trasladar al Ministerio de Justicia la necesidad de "culminar" las iniciativas legislativas que son "indispensables" para modernizar la Justicia y garantizar un servicio público de calidad a los ciudadanos.
"Queremos trasladar a las Cortes la necesidad de abordar las iniciativas legislativas necesarias para que la Administración de Justicia se modernice", aseguró la portavoz durante la presentación. En concreto, se refirió a la revisión del modelo de demarcación territorial, a la Nueva Oficina Judicial y la mejora de su tecnología, y a la colegiación de la organización judicial "para la máxima rentabilidad de los esfuerzos". Además, hizo un llamamiento a la necesidad de abordar cuanto antes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que el texto vigente "no soporta más reformas".
Comentó, asimismo, la conveniencia de apostar por la mediación -también penal- y por el arbitraje como recetas para reducir la litigiosidad, así como por la desjudicialización de las faltas.
Por otro lado, Bravo resaltó que el 60 por ciento de las quejas presentadas por los ciudadanos por el funcionamiento de la Justicia se basaron en "disfunciones" que provocaron retrasos, lo que demuestra, argumentó, que "no son responsabilidad de los jueces y magistrados, sino de las deficiencias de los medios materiales y personales, e incluso de los procesos legislativos".
Convocatoria de oposiciones
En cuanto a la convocatoria de oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial, la portavoz se refirió a la necesidad de "no parar el cuerpo selectivo", y abogó por convocar al menos el mismo número de plazas que de vacantes existentes, ya dotadas económicamente.
En este sentido, el pleno del Consejo -el primero bajo la presidencia de Gonzalo Moliner- aprobó ayer el plan docente de formación para los nuevos jueces, que estructura la formación en dos fases: presencial y de prácticas tuteladas. Con respecto a la segunda fase, la consolidación de los nuevos jueces se realizará "de forma progresiva, procurando una inserción paulatina en el desarrollo de funciones".
En cuanto a la Memoria aprobada ayer, recoge que los juzgados y tribunales españoles ingresaron durante el pasado ejercicio un total de 9.041.442, un 3,4 por ciento menos que el año anterior. Se trata del segundo año consecutivo en el que cae el volumen de litigiosidad y, "por primera vez en muchos años, la administración de Justicia española fue capaz de resolver más casos de los ingresados".
