Madrid, 18 jul (EFE).- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por el Gobierno "desmantela la independencia de este órgano", le quita competencias y supone el "pleno control político" del Consejo.
En un informe sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces, esta asociación, conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, sostiene que la propuesta presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, intenta "desactivar" al órgano que debe velar por que los jueces y magistrados puedan trabajar sus asuntos con independencia.
La asociación considera que la reforma busca disminuir la independencia judicial con una serie de iniciativas que posibilitarán la selección de los jueces "de manera interesada" y el control político de su futuro profesional.
"Se quiere trasladar al Ministerio de Justicia competencias tan sensibles como el sistema de selección de los jueces. Será el Ministerio quien realice y evalúe las pruebas de ingreso en la judicatura. Ello supone el pleno control político del perfil del juez que se busca", denuncia el documento.
La APM también rechaza que se traslade al Ministerio de Justicia la formación continua de los jueces y magistrados o las relaciones internacionales del CGPJ.
Esta asociación señala que "para controlar políticamente el órgano de gobierno de los jueces" la reforma admite que todos los vocales del CGPJ seguirán siendo designados por los políticos, en vez de que doce de los veinte vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados mediante listas abiertas y sin restricciones de ningún tipo.
"La fullera propuesta ministerial no sólo admite la posibilidad de que los vocales sigan siendo nombrados como hasta ahora, sino que introduce un batallón de reformas orientadas a disminuir la independencia que tendrá cada juez", añade.
Respecto a la posibilidad de que sólo el presidente del órgano de gobierno de los jueces tenga dedicación exclusiva, el informe de la APM destaca que resulta "insólito y extravagante" que "en un país plagado de decenas de miles de cargos políticos de creación caprichosa" uno de los tres poderes del Estado no pueda soportar el coste de tener en dedicación completa a los veinte vocales que exigió la Constitución.
La APM concluye que, en contra del objetivo de despolitizar la Justicia proclamado por Gallardón, la reforma anunciada "no entraña sino una mascarada que desmantela la independencia" del CGPJ, resultando "radicalmente" contrario a la Constitución.
