Los fundadores de Intervida intentan recuperar el poder al acabar la intervención

Barcelona, 16 jul (EFE).- Los fundadores de la Fundación Intervida Eduardo Castellón y Rafael Puertas se han personado hoy en la sede de la entidad en Barcelona para intentar recuperar el poder, una vez que la Audiencia Nacional dio el pasado viernes por acabada la intervención judicial, decretada en 2007.

Según han informado a Efe fuentes conocedoras del caso, los fundadores de la entidad Eduardo Castellón y Rafael Puertas, así como dos miembros del antiguo patronato, han acudido por la mañana a la sede de Intervida en Barcelona y se han acomodado en la sala de juntas, con la intención de recuperar el poder que la justicia les quitó en 2007.

Fuentes de la consellería de Justicia consultadas por Efe han señalado que el Protectorado de las Fundaciones -adscrito a este departamento- está analizando la situación para adoptar lo antes posible las medidas que permitan dar continuidad a Intervida y a su labor de apadrinamiento.

De hecho, el comité de dirección de Intervida ha celebrado hoy una reunión extraordinaria en la que los actuales rectores de la entidad han acordado pedir al Protectorado de Fundaciones que nombre a un nuevo patronato, ya que el mandato actual caducó el pasado 2 de julio.

Precisamente, tanto Rafael Puerta como Eduardo Castellón tienen su mandato como patronos también caducado, según las mismas fuentes.

En un auto notificado el pasado viernes, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acordó dar por acabada la intervención judicial que pesaba sobre la Fundación Intervida, que se remontaba a julio de 2007, a raíz de una denuncia por estafa contra sus fundadores.

Tras la denuncia, Eduardo Castellón y Rafael Puertas, así como otros cuatro ejecutivos del grupo, fueron acusados de delito fiscal, estafa, delito societario y apropiación indebida y se les apartó cautelarmente de sus responsabilidades.

Desde entonces, y hasta el pasado viernes, la fundación ha sido gestionada por tres administradores judiciales designados por la Generalitat a petición de un juzgado de Barcelona, Pere Galí, Alex Masllorens y Maurici Romero.

En su auto, la Audiencia Nacional ordenaba que se comunicara a los Protectorados de las fundaciones la nueva situación, una vez finalizada la intervención judicial, para que pudieran adoptar las medidas oportunas para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad hasta ahora intervenida.