La juez da cinco días a la Junta andaluza para que aporte el listado de 200 personas que cobraban ayudas sin derecho

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha requerido a la Junta de Andalucía para que, en un plazo de cinco días, aporte el listado de las 200 personas que, según se detectó el pasado mes de junio, seguían cobrando ayudas sociolaborales pese a no tener derecho a ello.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha requerido a la Junta de Andalucía para que, en un plazo de cinco días, aporte el listado de las 200 personas que, según se detectó el pasado mes de junio, seguían cobrando ayudas sociolaborales pese a no tener derecho a ello.

Hay que recordar que, en su comparecencia de este miércoles, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera desveló que, durante el pasado mes de junio, la Junta inició expedientes de revisión de las ayudas sociolaborales otorgadas a 300 personas, concluyendo que, de ellas, un total de 200 "no tenían derecho a seguir cobrando" tales ayudas.

El imputado llegó a decir que no se había elevado dicho listado al Juzgado porque "se consideró que no había ilícito penal", lo que motivó que la magistrada dijera que es ella la que determina si existe o no un ilícito penal.

Pues bien, abogados presentes en la comparecencia de Rivera han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya, este mismo jueves, ha requerido a la Administración autonómica para que aporte el listado de esas 200 personas en un plazo de cinco días.

Rivera, en su segunda jornada de declaración, ha señalado que, a día de hoy, "no se ha podido recuperar" el dinero relativo a estas últimas ayudas "porque los expedientes no están en ese punto", mientras que también ha admitido que las ayudas concedidas a los astilleros "no eran sociolaborales, sino que estaban destinadas a mantener a la empresa". Asimismo, no ha reconocido la inclusión de 'intrusos' en las empresas Acyco y Surcolor.

La declaración del imputado continúa en estos momentos con preguntas de la juez, que le imputa cuatro presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y infidelidad en la custodia de documentos.