
Madrid, 10 jul (EFE).- Las asociaciones de jueces discrepan sobre si la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que pide a España la puesta en libertad de la presa etarra Inés del Río por una aplicación "irregular" de la "doctrina Parot", es vinculante o no para España.
Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que la sentencia no vincula de forma directa al Gobierno español y por tanto el Ejecutivo no tiene la obligación de excarcelar a la reclusa de ETA, condenada a más de 3.000 años de cárcel por una veintena de asesinatos.
Llarena ha recordado que España no ha cedido sus competencias de Justicia al Tribunal de Estrasburgo que, en cualquier caso, es una institución internacional, pero no supranacional que pueda vincular legalmente a los estados.
"Como España no ha cedido competencias ni ha reconocido el efecto directo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en principio no habría una obligatoriedad de proceder a la inmediata puesta en libertad de la recurrente", ha asegurado.
No obstante, el portavoz de la APM ha subrayado que la etarra podrá solicitar ahora la revisión de su caso a la vista de la doctrina del tribunal de Estrasburgo que, en la mayoría de los casos, es tenida en cuenta por los jueces españoles.
En cualquier caso, Llarena no cree que vaya a producirse una avalancha de recursos en aplicación de esta sentencia, ya que el número de etarras que permanecen en la cárcel en aplicación de la doctrina Parot es relativamente pequeño.
Comparte este criterio el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, que considera que la sentencia del TEDH no vincula a España de forma automática.
No obstante, Dolado ha asegurado que en caso de que no prospere el recurso del Gobierno ante la gran sala del tribunal de Estrasburgo, la sentencia sí vinculará a los tribunales españoles que deberán respetar la doctrina fijada en el fallo de hoy.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sí cree que la sentencia es "plenamente vinculante" para el Estado español y advierte de que no sería "admisible" que el Gobierno se negara a cumplirla.
"El Estado está obligado a su cumplimiento y sería poco respetuoso con los acuerdos internacionales" de no hacerlo, ha afirmado.
Para Bosch, la sentencia del TEDH no solo tiene "efectos morales" sino que obliga al Gobierno a cumplir sus preceptos, entre ellos, la puesta en libertad a la etarra Inés del Río, una vez que se resuelva el recurso anunciado ya por el Gobierno.
Según el portavoz de Jueces para la Democracia, la sentencia es "razonable", porque defiende un principio básico del Estado de Derecho, como es la irretroactividad de las leyes penales.
"No es admisible que un reo que está cumpliendo una condena con unas determinadas normas, después se les apliquen otras", ha subrayado Bosch, que ha pedido que se separe el "rechazo o repugnancia" que pueden provocar los crímenes cometidos por la etarra Inés del Río del respeto debido a las garantías del Estado de Derecho.
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