Un general guatemalteco procesado por genocidio es incapaz de enfrentar el juicio

Guatemala, 7 jul (EFE).- Un general retirado guatemalteco que es procesado por delitos de genocidio no está en capacidad de enfrentar un juicio, según los resultados de un examen forense, informa hoy la prensa local.

Se trata del general Héctor Mario López, quien es acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos de delitos de lesa humanidad en la década de los ochenta contra la población de la etnia ixil en el noroeste de Guatemala.

El resultado de un examen practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revela que López no tiene la capacidad física ni mental para ser enjuiciado.

El militar retirado está "limitado física, psicológica y emocionalmente para enfrentar un juicio. Presenta un cuadro de alteración en sus emociones y efecto", señala el informe, de acuerdo con el diario Prensa Libre.

Sin embargo, el Tribunal de Alto Riesgo que tiene a su cargo la causa procesal no se ha pronunciado sobre el informe del Inacif.

Uno de los querellantes en el proceso enderezado a López, Edgar Pérez, abogado de víctimas del pasado conflicto armado (1960-1996), dijo que aún no conoce los resultados del estudio.

En diciembre del año pasado otro general retirado, el exjefe de Estado de facto Óscar Mejía Víctores, que también era procesado por genocidio, fue declarado incapaz para enfrentar un juicio y los tribunales ordenaron su libertad.

Mejía, quien gobernó entre 1983-1986 tras un golpe de Estado, sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado mental y físicamente para un juicio, según determinaron los médicos forenses.

Otros exaltos cargos de Guatemala, los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez, también tienen abierto un proceso judicial por matanzas perpetrados contra la población ixil durante la guerra interna.

Hasta ahora el Tribunal de Alto Riesgo no ha podido establecer una fecha para el inicio de los debates orales y públicos debido a los múltiples recursos presentados por los abogados de los militares que buscar evitar su enjuiciamiento por genocidio durante el conflicto.

La guerra interna, que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la guerrilla.