Madrid, 2 jul (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha afirmado hoy que confía en que el Gobierno siga protegiendo a los magistrados que lo integran después de que la semana pasada se ordenara la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales y la supresión de vehículos oficiales.
Así lo ha señalado el Supremo en un comunicado en el que afirma que espera que la medida adoptada no signifique, "tal como en principio parece, una injustificada discriminación institucional" porque, según advierten, si así fuese la Sala de Gobierno adoptaría "las iniciativas oportunas".
Además, ha apuntado a que la Sala de Gobierno ha considerado que "las formas" en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos "no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional".
El TS entiende en su nota que la reorganización de los servicios de seguridad constituye una medida que afecta a todos los poderes, administraciones y organismos por igual, por lo que "confía en que el Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso".
"Los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado", entiende el TS, que ha advertido, sin embargo, que no aceptará que la medida se refiera exclusivamente a dicho tribunal "con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia".
Las quejas por la reducción de los escoltas y los coches oficiales también han llegado desde la Audiencia Nacional, que la semana pasada envió una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los Ministerios de Justicia e Interior para mostrar su "preocupación" por la seguridad de los jueces y fiscales.
Fue el pasado 25 de junio cuando se conoció que Interior había ordenado la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial dentro del plan de "reordenación" que se hace efectivo esta semana.
En cuanto al Supremo, se informó entonces de que sería su presidente en funciones, el magistrado Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, quienes mantendrían el servicio de escoltas.
