Holder tacha de "burdo y políticamente motivado" el voto censura en su contra

Washington, 28 jun (EFE).- El secretario de Justicia de EEUU, Eric Holder, condenó hoy la resolución de censura por desacato aprobada en su contra por la Cámara de Representantes del país, que consideró "burda, equivocada y políticamente motivada".

Holder leyó una declaración a los medios desde Miami (Florida) poco después de que la Cámara Baja votara para aprobar, por 255 contra 67 votos, la medida en su contra por negarse a entregar documentos sobre la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el traspaso de armas a México en 2009.

"El voto de hoy puede parecer un buen teatro político en las mentes de algunos, pero es, básicamente, un burdo intento y un grave perjuicio para el pueblo estadounidense. Ellos esperan y merecen algo mucho mejor", señaló.

El fiscal general confirmó que el voto en su contra abre la puerta a una batalla legal entre el Congreso y la Casa Blanca, que invocó su privilegio ejecutivo para no entregar los documentos requeridos por los legisladores republicanos.

"Como resultado de esta acción tomada hoy por la Cámara de Representantes, se desatará un innecesario conflicto en los tribunales", advirtió.

"La votación es la lamentable culminación de lo que se convirtió en una investigación equivocada y políticamente motivada durante un año electoral", sentenció el secretario de Justicia.

Holder, sujeto a la primera medida de desacato contra un Secretario de Justicia en activo de la historia de EEUU, aseguró que al enterarse de las "deficientes" tácticas de "Rápido y Furioso", se aseguró de que "se acabaran" y "no volvieran a ocurrir nunca", y puso en práctica "nuevas políticas y nuevos líderes".

"Esa fue mi respuesta a la operación Rápido y Furioso. Cualquier otra afirmación simplemente ignora los hechos", indicó.

La medida de censura fue impulsada por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, que investiga la operación "Rápido y Furioso", y que exigía los documentos posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó inicialmente la existencia de la operación, algo que corrigió en diciembre.

La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.

Pero los agentes de ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdieron el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.

Dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.