El fiscal general aboga por que las calumnias y las injurias sean juzgadas por un jurado

Madrid, 28 jun (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado hoy por acotar las competencias del tribunal del jurado a casos de homicidios o asesinatos, aunque también se ha mostrado partidario de que puedan juzgar los delitos de calumnias e injurias.

Durante unas jornadas sobre "Modernización y agilización de la Justicia española", Torres-Dulce se ha referido a la problemática que en ocasiones provocan las decisiones de los tribunales populares, como recientemente se ha visto en el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el "caso Gürtel".

El fiscal general ha defendido la necesidad de reformar la Ley del Jurado para limitar los casos que pueden ser juzgados por un tribunal popular a delitos reducidos, como homicidio o asesinato, pero también incluir las calumnias y las injurias entre sus competencias.

Asimismo, es partidario de que los jurados populares, compuestos por ciudadanos legos en Derecho, no tengan la obligación de motivar el veredicto.

Por otra parte, Torres Dulce ha considerado que se deberían excluir los juicios de faltas de la jurisdicción penal para así descargar de trabajo a los fiscales que se ven monopolizados por estos procesos, y que puedan dedicarse a otras funciones.

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que prepara el Gobierno, el fiscal ha señalado que no aceptará un proyecto que no aporte un presupuesto concreto para la Fiscalía, así como la asignación de unidades policiales que dependerán del fiscal cuando asuma la investigación en el proceso penal, además de un estudio pormenorizado de la plantilla.

También ha resaltado el déficit tecnológico de la Administración de Justicia, al convivir hasta ocho sistemas distintos que no son compatibles entre sí y ha vuelto a defender la independencia de la Fiscalía General del Estado.

"Un Ministerio Fiscal vinculado al Ejecutivo sería desastroso", ha dicho Torres-Dulce, que apuesta por seguir profundizando en la autonomía de la institución y para ello considera necesaria una "singularización presupuestaria", así como la exigencia de transparencia y austeridad.