"La amnistía fiscal es una medida injusta, que deslegitima al sistema fiscal y a sus aplicadores y que desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales", tal y como afirmó ayer el secretario de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Fuente.
Mucho más allá fue otro inspector de Hacienda, José María Peláez, quien en los XII Encuentros Tributarios de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado afirmaba que la aprobación de la amnistía fiscal demuestra "lo acertada que ha sido la conducta del que no ha querido pagar impuestos en estos últimos años, porque ahora, pagando solamente un 10 por ciento, sin sanción, puede regularizar la situación". Además, señaló que con un plan inspector más duro podrían haber recaudado más que con la amnistía.
No obstante, ambos inspectores de Hacienda coincidieron ayer en que entienden la difícil situación que atraviesa el país y la necesidad de tranquilizar a las instituciones internacionales y de recaudar con urgencia. Por este motivo, anunciaron que, a pesar de su disconformidad, participarán en el procedimiento para tratar de lograr que se cumplan los objetivos de recaudar 2.500 millones.
El director general de Tributos, Diego Martín-Abril, por su parte, reconoció "la difícil justificación" que tiene la regularización fiscal, aunque defendió que se lleve a cabo por la crisis. Recordó que muchos otros países, como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Dinamarca o Suiza han realizado regularizaciones extraordinarias siguiendo las directrices de la OCDE, que recomienda estos procesos en situaciones excepcionales.
Sobre la posibilidad de lograr los objetivos de recaudación, se refirió a los 40.000 millones obtenidos por Suiza en una situación similar.
Sobre las medidas de lucha contra el fraude, Peláez dijo que los que se han elaborado durante los últimos ejercicios no han dado resultados, pues de haberlo hecho no sería necesaria la amnistía.
Por su parte, Manuel Garzón Herrero, magistrado del Tribunal Supremo, denunció que todas las medidas contra fraude buscan fortalecer a la Administración, sin incluir mejoras en los derechos de los contribuyentes.
