Bozal alega que el cierre de los centros permitirá ahorrar para prevenir más

Barcelona, 31 may (EFE).- La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha justificado hoy el cierre de dos centros de internamiento de menores en que permitirá ahorrar 5,6 millones de euros y supondrá una "oportunidad de mejorar" mediante una reinversión en las políticas de prevención y reinserción.

Bozal ha comparecido hoy a petición propia en la Comisión de Justicia del Parlament para dar explicaciones sobre el cierre de los centros de justicia juvenil Til·lers, de Mollet del Vallès (Barcelona), y Montivili, de Girona, que suman más de cien plazas para menores de edad condenados a medidas de internamiento.

La consellera de Justicia ha esgrimido varios motivos para el cierre de esos dos centros, entre ellos que el número de menores condenados a medidas de internamiento ha ido en descenso en los últimos años, lo que les hace menos necesarios, y el mal estado en que se encuentran los edificios, que en su opinión requieren costosas reformas.

Fernández Bozal ha admitido, no obstante, que el cierre de los centros también se debe a una necesidad de "racionalizar el gasto" debido a la crisis y, en ese sentido, ha detallado que implicará un ahorro de 3,6 millones de euros anuales en el funcionamiento de los equipamientos y otros 2 en personal, dado que no será necesario contratar sustitutos de los trabajadores de Til·lers y Montivili.

Para la consellera, la supresión de esos centros supone también una "oportunidad para mejorar", apostando por que "los limitados recursos económicos" de que la Generalitat dispone se reinviertan en la reinserción y en la prevención.

Bozal, que ha recordado que el índice de reincidencia alcanza el 58 % en la jurisdicción de menores, ha defendido que el cierre de Til·lers y Montivili es "una opción decidida para garantizar los estándares de calidad" de la justicia juvenil en Cataluña y ha censurado a los que se instalan en el "inmovilismo" al oponerse a la supresión de los dos centros.

Según ha explicado la consellera, los internos de los centros de menores suprimidos serán reubicados en los otros tres, donde se ampliará el número de plazas y se convertirán algunos espacios "vacíos" en habitaciones para albergar a los nuevos reclusos.

Concretamente, el centro de Can Llupià (Barcelona) crecerá de 72 a 120 plazas, el de L'Alsina de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) de 77 a 90 y el de Segre de Lleida pasará de 42 a 45.

El cierre de los dos centros de menores ha sido criticado de forma unánime por la oposición, que ha echado en cara a la consellera que con su iniciativa está desmantelando el sistema de justicia juvenil catalán, con más de 20 años de existencia, basándose únicamente el criterios economicistas.

La consellera se ha defendido de esas críticas al subrayar que la concentración del personal de los centros cerrados en el resto de equipamientos de justicia juvenil podrá suponer una atención "todavía más individualizada" de los internos y actuar de forma preventiva para combatir la reincidencia.

"Si mantenemos el personal de los centros creo que el coste social (del cierre) será mínimo", ha mantenido Fernández Bozal, tras subrayar la importancia del trabajo individualizado porque, a su juicio, lo que realmente importa es que cuando el joven vuelva a la calle esté reinsertado.

La consellera, que ha garantizado que las plantillas de los centros que se suprimirán están aseguradas, ha añadido que Til·lers y Montivili serán cerrados "con la máxima celeridad", aunque de forma gradual y siguiendo los trámites establecidos en la normativa.