
Barcelona, 31 may (EFE).- El conseller de Interior, Felip Puig, ha pedido hoy que se acabe con la "cultura de la impunidad" y que se deje de dar "cobertura intelectual" a los violentos, ya que cree que persiste todavía el "riesgo grave" de que se reproduzcan episodios de violencia urbana, como el de la huelga general del 29M.
En una comparecencia parlamentaria, el conseller ha arremetido contra los que afirman que están contra la violencia y luego rechazan que se aplique la ley a los detenidos: "No se puede condenar la violencia y después disculpar a los violentos", ha denunciado.
Puig ha elogiado el dispositivo policial de la jornada de huelga y la posterior labor de investigación de los Mossos -que ha permitido detener por ahora a un centenar de supuestos alborotadores- y ha defendido su iniciativa de activar una web de delación para que los ciudadanos les ayudaran a identificar a sospechosos.
Tras destacar que las convocatorias del mes de mayo -el 1 de mayo, la cumbre del BCE y el primer aniversario del 15M- se saldaron sin incidentes, Puig ha advertido que no se puede "bajar la guardia", ya que en el futuro la "violencia urbana" seguirá siendo un "grave riesgo", puesto que los instigadores buscarán los momentos "propicios" para volver a actuar.
Ante esta situación, ha planteado como objetivos de fondo acabar con la "cultura de la impunidad", para dejar claro que los alborotos no pueden quedar sin consecuencias, y desprestigiar la "cobertura intelectual" de las actuaciones violentas.
Como es habitual en las comparecencias de Puig, el diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch ha sido el más crítico con el conseller y ha exigido al presidente Artur Mas que le destituya, al considerar que no puede ocupar un cargo clave como el de gestionar el orden público en un momento de tensión social por la crisis, ya que "fomenta la confrontación".
Por el contrario, el conseller ha destacado que la policía "no promueve la violencia", sino que la "combate y persigue" y ha negado que busquen "criminalizar a las movilizaciones sociales" y configurar un "estado policial".
Fiel a su estilo, Puig no se ha arrugado ante las críticas de Bosch y ha acusado a PSC y a ICV-EUiA -cuando ostentaron la consellería de Interior durante los gobiernos tripartitos-, de actuar como "un cangrejo con tortículis", ya que "daban pasos atrás y miraban hacia otro lado".
En este sentido, Puig ha alardeado que con él en la consellería no se tolera que a los Mossos se les tire pintura rosa -como ocurrió con Saura-, nadie se esconde a la hora de asumir responsabilidades y no se han tenido que desconvocar cumbres europeas, como ocurrió en 2006 con una cumbre sobre la vivienda.
Por su parte, el diputado del PP Pere Calvó se ha alineado con las directrices que aplica Felip Puig en materia de orden público, mientras que los diputados del PSC Joaquim Llena, de ERC, Oriol Amorós, y del grupo mixto Alfons López-Tena, le han recriminado, al igual que Bosch, que lamine derechos básicos.
El socialista Joaquim Llena ha lamentado que Puig ha ido en Interior "de fracaso en fracaso" y le ha tildado de "chapucero", mientras que Amorós le ha advertido que cuando las actuaciones policiales son "poco proporcionadas" los incidentes se recrudecen.
Asimismo, tanto Bosch como Amorós han denunciado que los Mossos hayan acusado de pertenencia a grupo criminal a la mayoría de los últimos diez detenidos por los incidentes de la huelga general y que en cambio ayer en Barcelona ni el fiscal ni el juez apreciaron que concurriera este delito en ninguno de los cinco jóvenes que fueron interrogados, de los que dos han sido encarcelados.
A preguntas de los diputados de izquierda, Puig también ha reconocido que ha planteado una queja ante el cónsul de Estados Unidos en Barcelona por el informe del departamento de Estado sobre la actuación de los Mossos, ya que, según su versión, se han limitado a copiar las quejas de diversas ONG sin contrastar ni con la consellería ni con las sentencias judiciales.
Puig ha afirmado que está a la espera de la respuesta del cónsul y, en cualquier caso, ha destacado que mientras que en el anterior informe -cuando Joan Saura (ICV) aún era conseller- Cataluña aparecía como la primera autonomía española con más denuncias a la policía (215), ahora ya figura en cuarto lugar, con sólo 67, mientras la primera es Madrid (con 138).
La intervención de Puig ha sido seguida en el Parlament por la sindicalista de la CGT Laura Gómez y por dos estudiantes de la UB -Ismael y Daniel- que pasaron unos días en la cárcel tras ser detenidos por los incidentes de la jornada de huelga del 29M, y que al finalizar la comparecencia se han quejado del "cinismo" del titular de Interior.
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