Un exdirectivo de Sant Pau imputado se desvincula de su gestión económica

Barcelona, 30 may (EFE).- El expresidente del patronato de la Fundación de Gestión del Hospital de Sant Pau Albert Folia se ha desvinculado hoy ante el juez de la administración económica de la entidad, alegando que su cargo era meramente representativo, mientras ha defendido la estructura dual del centro.

Folia, que actualmente preside la Fundación de investigación del Hospital, ha declarado hoy ante el juez como imputado, junto al administrador de turno del Patronato de la Fundación del Hospital, Josep Lluís Alay, un cargo que ejercen de forma rotatoria los representantes de la administración en el centro sanitario.

Según han informado fuentes judiciales, Albert Folia, que fue relevado la semana pasada del cargo de presidente de la Fundación de Gestión que ocupaba desde 2010, se ha escudado hoy en que su función en la entidad era meramente representativa y, por lo tanto, no tenía ninguna responsabilidad en su administración económica.

De hecho, esa responsabilidad directa en los asuntos económicos de la entidad estaba en manos del exdirector gerente del Hospital, Jordi Valera, destituido en marzo pasado después de que la Generalitat detectara desequilibrios económicos en la entidad, por lo que, según fuentes judiciales, es probable que el juez lo cite a declarar próximamente.

Folia ha justificado la dualidad en la estructura que dirige el Hospital de Sant Pau, con una fundación dedicada a la gestión económica del hospital y otra a rentabilizar su patrimonio, y ha negado que, como afirman los denunciantes, la última de estas entidades acumule beneficios económicos a costa de las pérdidas de la primera.

Según la versión de Folia, no es cierto que la Fundación que gestiona el patrimonio del hospital se haya desvinculado de las pérdidas de la otra entidad, dado que podría acabar asumiendo su deuda histórica y también le aporta patrimonio, por ejemplo mediante la construcción de edificios del centro sanitario.

Por su parte, en su declaración ante el juez, el administrador de turno del Patronato de la Fundación del Hospital se ha amparado en su absoluto desconocimiento de la gestión de la Fundación, argumentando que apenas lleva un mes en su cargo como representante del Ayuntamiento de Barcelona.

La investigación judicial abierta a raíz de las denuncias de sindicatos de médicos y enfermeros se centra ahora en averiguar la posible ilegalidad de algunas retribuciones de los directivos del centro, así como la existencia de empleos ficticios para enmascarar pagos a personas que habían dejado de ejercer responsabilidades en el Hospital de Sant Pau.

Para aclarar esas cuestiones, el juez instructor solicitará documentación al Hospital de Sant Pau sobre esos supuestos sobresueldos y sobre los contratos presuntamente ficticios.

De hecho, el abogado de Folia y de la Fundación de Gestión del Hospital de Sant Pau, Rafael Entrena, ha asegurado que todas las retribuciones investigadas están plenamente justificadas y que, para acreditarlo, aportará próximamente al juez la documentación que así lo demuestra.

En opinión del letrado, los sindicatos del Hospital de Sant Pau han centrado su denuncia en Albert Folia por su papel en el conflicto laboral del centro sanitario, donde, según Rafael Entrena, actuó "de buena fe para lograr la paz social".

El abogado ha añadido que Folia mantuvo en todo momento una gestión "impecable y altruista" al frente de la Fundación del Hospital de Sant Pau y ha considerado "esperpéntico" que los sindicatos denuncien que la estructura dual en la dirección del hospital, creada a partir de 1991, se haya utilizado ahora para sacar adelante los recortes a la plantilla y a la asistencia sanitaria.

En el auto de admisión a trámite de la denuncia, el juez instructor ve indicios de un posible delito contra los derechos de los trabajadores en la existencia de dos fundaciones al frente del Hospital, una solvente y la otra con pérdidas, a la que fueron transferidos los empleados que inicialmente constaban adscritos a la primera.

A la declaración de los imputados no ha podido asistir ninguno de los abogados de los denunciantes, dado que el magistrado les ha impedido ejercer la acusación particular en la causa al considerar que no son directamente perjudicados por las supuestas irregularidades investigadas.

Los denunciantes estudian ahora distintas fórmulas para personarse en el proceso, ejerciendo la acusación popular, presentando una querella o recurriendo a la Audiencia de Barcelona el veto del magistrado a considerarlos perjudicados en el caso.