La pediatra que atendió al bebé más grave desvincula los síntomas de un jarabe para el catarro

Vigo, 30 may (EFE).- La pediatra que el 12 de marzo de 2012 atendió de urgencia en el Hospital Xeral de Vigo al bebé más grave de cuantos ingresaron procedentes de la guardería La Camelia, ha declarado hoy que el hecho de que estuviera tomando un jarabe para el catarro nada tiene que ver con los síntomas que presentaba.

En la tercera jornada del juicio contra la cuidadora N.V.G., acusada de sendos delitos contra la salud pública y cinco de lesiones por los que la fiscal pide 14 años de cárcel, la pediatra ha explicado que ha visto "muchas ingestas accidentales" de "Paidoterin" y los efectos nunca han revestido "tanta gravedad".

La médico ha hecho esta aclaración a preguntas del abogado de la defensa, que se ha basado en el prospecto del citado medicamento para hacer hincapié en que puede producir somnolencia, estado de aturdimiento y pesadillas, sobre todo entre niños y personas de avanzada edad.

La pediatra ha referido que el bebé, el primero que dio positivo por benzodiazepina (grupo de medicamentos al que pertenece alprazolam, principio activo que contiene el ansiolítico Trankimazin), llegó al hospital "muy dormido" y "muy poco reactivo", con palidez cutánea e incapaz de mantenerse erguido, y que la primera impresión que tuvo es que padecía una asepsis generalizada.

La doctora ha abundado en que el niño "estaba mal" pero no hasta el extremo de pensar que existiera riesgo de "una muerte inminente".

Ha relatado que tras hacerle un TAC y una punción lumbar se descartaron otras lesiones, hasta que finalmente dieron con la causa, y que en los casos posteriores, en los que la sintomatología de los bebés era similar pero con menor intensidad, resultó "mas fácil" aplicar el protocolo para intoxicaciones porque fueron a tiro hecho.

Sobre la mayor o menor intensidad de los síntomas que mostraron los niños intoxicados, ha explicado que depende de la "variabilidad individual" y de la cantidad de medicamento suministrado, porque, ha alegado, "no es lo mismo diez días de consumo que dos".

Esta y otras pediatras que testificaron a continuación han coincidido en que el Trankimazin no está indicado para niños, menos aún para lactantes, y que su consumo excesivo puede generar secuelas, incluso "provocar la muerte".

Una compañera que atendió a otros bebés procedentes de la guardería La Camelia cuyos padres los llevaron al hospital aconsejados por la Policía, tras conocerse las primeras intoxicaciones y que dieron positivo en los análisis de orina, ha explicado que ingresaron para seguir su evolución.

A preguntas del abogado de la defensa de si esos ingresos hospitalarios tuvieron un carácter "meramente preventivo", ha contestado que resultaban "necesarios" por cuanto se les hizo un seguimiento y se les tuvo en observación ante posibles complicaciones.

También ha confirmado que a uno de los bebés, concretamente una niña, que ingresaron el 13 de marzo, ya la había atendido el 22 de febrero, fecha en la que N.V.G. empezó a trabajar en la guardería para una sustitución, con "síntomas similares".

En el juicio también ha testificado la médico de cabecera de la acusada, quien ha confirmado que estaba en tratamiento psicológico desde 2006 por depresión y que le recetaba con asiduidad Trankimazin y otro ansiolítico -Alapryl-, y que le aconsejaba que tomara el primero en función de la regularidad de las crisis de ansiedad.

Ha explicado que aunque estaba de baja en febrero de 2010, la paciente tenía reservadas, vía receta electrónica, nueve cajas de Trankimazin, de las que retiró tres en la farmacia el 6 de marzo, las que encontró en un registro domiciliario la Policía y de las que faltaban diez pastillas y otras cinco estaban partidas a la mitad.

Sobre el hecho de que estas píldoras tengan una ranura central para facilitar su división, ha señalado que "no deberían romperse" cuando se cambian de un sitio a otro. La acusada declaró en la primera jornada que se pudieron romper cuando las metió en un pastillero.

Ha cerrado el turno de testigos una de las dos funcionarias de la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta que realizaron una inspección de la guardería tres días después de las intoxicaciones, quien ha ratificado que el centro no había solicitado autorización para desdoblar el aula de bebés de 0 a 12 meses.

La dirección del centro tampoco aportó, como es preceptivo, documentación alguna sobre la nueva cuidadora que se iba a hacer cargo del nuevo aula, entre la que figura un informe médico sobre las condiciones físicas, como no padecer enfermedades contagiosas, y mentales de la profesional.

Ha explicado que cuando fueron a hacer la inspección, la acusada ya había sido despedida el día anterior, y que por el registro de usuarios y el testimonio de varios padres supieron que en el centro había matriculados 14 bebés menores de un año, cuando la ratio autorizada es de un máximo de ocho por aula.