Manila, 29 may (EFE).- El Senado filipino destituyó hoy al presidente del Tribunal Supremo, Renato Corona, tras declararlo culpable de ocultación de bienes y de obstaculizar la lucha del Gobierno contra la corrupción, en una sesión retransmitida en directo por varios canales de televisión.
La decisión del Senado, por 20 votos a favor y tres en contra, supone un espaldarazo para el presidente del país, Benigno Aquino, quien declaró en reiteradas ocasiones que Corona era un obstáculo para juzgar los abusos de su antecesora, Gloria Macapagal Arroyo.
La mayoría de la Cámara Alta dijo al pronunciar su voto que el presidente del Supremo vulneró la Constitución y traicionó la confianza pública al omitir parte de su patrimonio en su declaración de bienes.
Sólo los senadores Joker Arroyo, Miriam Defensor-Santiago y Ferdinand Marcos, hijo del expresidente filipino e Imelda, votaron a favor del imputado.
Es la primera vez en la historia de Filipinas que el jefe del Supremo, la máxima autoridad judicial, es destituido por el Legislativo.
El procedimiento en el Senado ha representado, antes que otra cosa, un juicio político contra la corrupción endémica en la administración filipina.
Corona omitió en su declaración a Hacienda cuatro cuentas bancarias con un saldo de 2,4 millones de dólares y otras tres con más 80 millones de pesos (1,83 millones de dólares o 1,36 millones de euros), como reconoció el propio acusado el viernes pasado en esa misma sala.
El acusado alegó que no declaró las cuentas en dólares porque la legislación actual las considera confidenciales y explicó que los millones de pesos provienen de una propiedad de la familia de su esposa, Cristina, vendida al Ayuntamiento de Manila por 34 millones de pesos a través de la empresa familiar, Basa Guidote Enterprises Inc.
El presidente del Supremo se había negado a declarar ante el Senado desde que arrancó el juicio, el 16 de enero, y cambió de parecer cuando la Defensora del Pueblo, Conchita Carpio-Morales, compareció como testigo de cargo, hace dos semanas, y le atribuyó 45 propiedades y 82 cuentas bancarias en dólares.
Hasta entonces, los bancos se ampararon en la ley de confidencialidad para revelar al Senado datos de sus cuentas.
Corona se considera una víctima del deseo de venganza de Aquino porque el Alto Tribunal le expropió a su familia el latifundio Hacienda Luisita el año pasado.
La presidenta Arroyo puso a Corona al frente del Supremo en mayo de 2010, un mes antes de que venciese su mandato y cuando ya sabía que sería su sucesor Aquino, quien prometía combatir la corrupción.
Aquino ha tenido múltiples enfrentamientos con la Alta Magistratura desde que fuera investido como presidente filipino.
El primer revés serio surgió cuando el Supremo invalidó, a finales de 2010, la Comisión de la Verdad que el Ejecutivo había creado para investigar las irregularidades durante el mandato de Arroyo, que comenzó en 2001 y estuvo salpicado de escándalos de corrupción.
La relación se deterioró sin remedio cuando el Supremo volvió a enmendar al Ejecutivo, el pasado noviembre, y anuló la orden gubernamental que prohibía a Arroyo salir del país por riesgo de fuga.
La intervención del Supremo precipitó los acontecimientos y Arroyo fue arrestada inmediatamente y desde entonces permanece detenida en un hospital militar por dos procesos abiertos en su contra, uno por fraude electoral y otro por corrupción.
La determinación de Aquino ha sido interpretada por algunos como prueba de la ambición que le domina por controlar las tres ramas del poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El senador y abogado Joker Arroyo, uno de los que hoy votó en contra de la destitución por entender que el proceso no respetó la jurisprudencia, comparó la caída de Corona con la ley Marcial que Ferdinand Marcos declaró en 1972.
"Esto no tiene nada que ver con la ley o con la Justicia, sino con el poder", dijo el legislador.
