Un juez ve indicios de fraude concursal en las empresas que desviaron fondos a CDC

Barcelona, 28 may (EFE).- Un juez de lo mercantil ve indicios de fraude en el concurso de acreedores de las empresas proveedoras del Palau de la Música New Letter y Letter Graphic, que supuestamente enmascararon el pago de comisiones a CDC, por lo que podría juzgar a sus administradores para que devuelvan el dinero desviado.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, los indicios que podrían llevar a declarar el concurso culpable de las empresas proveedoras del Palau se derivan de los informes aportados al juzgado por su administrador concursal, que observó varias irregularidades en la gestión de las sociedades y la manipulación de datos contables.

En la causa abierta por el saqueo del Palau de la Música, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona investiga si las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic, así como de su sociedad matriz Mail Rent, ejercieron de intermediarias en el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música.

Precisamente, el administrador concursal de las empresas, Sergio W. Sabini, presentó ante el juez del "caso Millet" el informe sobre las cuentas de esas sociedades, que presentaron concurso de acreedores voluntario con un pasivo de 4,4 millones de euros y una situación patrimonial de total insolvencia, por lo que "no se podrá satisfacer absolutamente nada a sus acreedores", según su informe.

Las irregularidades contables expuestas en el informe dan fundamento al juez para llevar a juicio a los administradores de esas sociedades de cara a la declaración del concurso culpable, lo que les obligaría a responder con su patrimonio del dinero desviado de forma fraudulenta para satisfacer las deudas contraídas.

La ley prevé la declaración del concurso culpable en el caso de que la insolvencia de una empresa obedezca a una mala gestión de sus responsables, por haber alzado bienes en perjuicio de sus acreedores, simulado una situación patrimonial ficticia o cometido irregularidades en la contabilidad.

El titular del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona, que tramita el concurso, podría abrir una pieza de extensión de la responsabilidad para exigir a los administradores la devolución del dinero desviado, si es necesario embargando sus bienes para asegurar los pagos.

La depuración de responsabilidades por la vía mercantil no impide que los administradores puedan ser juzgados también por la vía penal, en el caso de que se aprecien indicios de que su gestión al frente de las empresas en quiebra fue delictiva.

Según consta en el informe del administrador concursal, las tres empresas "instrumentaron una operativa" para desviar fondos a una cuenta, con el nombre de "deudores" y con un saldo final de 1,3 millones de euros, que "traspasa la ortodoxia contable y obstruye la claridad y transparencia que debe tener toda contabilidad".

El informe señala que en esa cuenta "se observa claramente que el administrador social ha ido detrayendo fondos para hacer entrega a un tercero", sin que el que fuera administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, facilitara al juez de lo mercantil dato alguno para identificar a su titular.

Esa cuenta, añade el administrador concursal, dio a las empresas "una apariencia de solvencia completamente irreal a la que verdaderamente tenía la compañía", sin que se le diera el tratamiento contable correspondiente pese a tratarse de un saldo "totalmente incobrable".

Para el administrador concursal, la mecánica establecida por la matriz y sus dos filiales -con facturaciones que carecían de contraprestación real- tenía como destino final el pago de distintas cantidades en concepto de donaciones a CDC, a través de una cuenta que debería haberse incluido en el apartado de "pérdidas y ganancias".

Según el informe, la facturación que las dos filiales hicieron a Mail Rent carecía de contraprestación real y su único sentido era "neutralizar el impacto impositivo" que se derivaba de las facturas de New Letter y Letter Graphic a CiU, Orfeó Català, la Fundació Ramon Trias Fargas, la Coalició per Europa y Unitat per les Illes, además de la Fundació Fòrum Barcelona y la empresa Proinosa.