Madrid, 24 may (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el procesamiento de los seis presuntos piratas somalíes detenidos el pasado enero por atacar el buque de la Armada "Patiño" en aguas del Índico para que se les impute el delito de piratería consumado, y no como tentativa, ya que causó un "daño concreto".
Así lo ha solicitado la fiscal Teresa Sandoval al juez Eloy Velasco, que el pasado viernes les procesó por 218 delitos de detención ilegal, uno de piratería en grado de tentativa, otro de desobediencia a buque de guerra militar para prevenir la piratería, una falta de daños y pertenencia a organización criminal con la agravante de elevado número de componentes y tenencia de armas.
Pese a advertir de las dificultades técnico-jurídicas que se presentan en relación con alguno de los delitos apreciados por Velasco, la fiscal entiende que el delito de piratería "es en este caso una infracción penal consumada", ya que la acción perpetrada por los procesados produjo "un daño concreto en el buque afectado".
Supuso también, según el recurso, un atentado para las personas y bienes del buque de la Armada contra quienes se empleó violencia en ambos casos.
La fiscal Sandoval también recurre el procesamiento de los seis presuntos piratas al considerar que se les debe imputar el delito de depósito de armas de guerra, que, según el auto de procesamiento dictado por Velasco, no es perseguible por la jurisdicción española "por no contemplarse específicamente en el artículo 23.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Sin embargo, la Fiscalía cree "contradictorio y de difícil justificación en términos legales" que afirme la improcedencia de perseguir este delito en cuanto delito conexo "y sin embargo se sostenga la aplicación del de uso de armas de guerra" por los procesados como elemento integrador de algunos tipos penales.
Precisamente hoy el magistrado ha comunicado su procesamiento a los seis presuntos piratas, que podrían enfrentarse a penas de hasta 1.122 años de cárcel.
El pasado mes de enero Velasco ordenó su ingreso en prisión tras decretar su traslado a España al considerarse competente para investigar los hechos después de constatar que no podía aplicarse ningún convenio internacional en el marco de la misión Atalanta de la UE contra la piratería en el océano Índico.
