El caso de las Casas Baratas de Montilla (Córdoba) puede llegar al Constitucional, vía recurso de amparo

El caso de las Casas Baratas de Montilla (Córdoba) puede acabar en el Tribunal Constitucional (TC), mediante la presentación de un recurso de amparo, cuya formulación está estudiando la defensa de los inquilinos de las citadas viviendas populares, dado que el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado pronunciarse sobre su recurso de casación, al no conceder a los inquilinos legitimidad para plantearlo.

MONTILLA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press la letrada cordobesa y defensora de los citados inquilinos, Piedad López, quien ha detallado que el Supremo, lo mismo que anteriores instancias judiciales, "no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, no se ha pronunciado sobre si es nulo o no el contrato de venta" de las Casas Baratas, que los inquilinos entienden que ha de considerarse nulo, pero es que el Supremo no ha valorado tal cuestión, ya que niega la legitimidad de estos vecinos para hacer cualquier reclamación al respecto del futuro de las casas en las que llevan residiendo toda su vida.

En opinión de la abogada, con ello "se ha vulnerado un derecho fundamental de estas personas, previsto en el artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto a obtener una tutela judicial efectiva por los tribunales, que no la han tenido, ya que se les ha sacrificado ese derecho por cuestiones puramente formales".

En cuanto a la venta de las viviendas, efectuada por parte de los supuestos herederos de la Sociedad de las Casas Baratas a una constructora montillana, que pretende expulsar a los inquilinos y demoler las viviendas, para López resulta evidente que ha de considerarse nulo el correspondiente contrato, puesto que los inquilinos de esas casas "son personas que han vivido ahí toda su vida, en principio con un contrato de arrendamiento, pero con expectativas de adquirir la propiedad, porque así estaba establecido en los estatutos de la Fundación de las Casas Baratas y, de hecho, creían que ya eran propietarios, porque así se les manifestó por los gestores de las Casas Baratas hace más de 30 años, quedando así recogido en las últimas juntas celebradas".

Esto es lo que los inquilinos han sometido a la consideración de los tribunales, pero la respuesta obtenida en todas las instancias judiciales ha sido siempre la misma, "que no tienen legitimidad para pedir que se pronuncien los tribunales sobre si ese contrato es nulo o no", lo cual, a juicio de la letrada, vulnera la Constitución.

La cuestión, según ha relatado, es que, "después de siete años, seguimos sin que ningún estamento judicial se haya pronunciado aún sobre la nulidad de la venta, totalmente irregular e ilegal, de las viviendas que componen el grupo de Casas Baratas de Montilla, las cuales, desde su construcción, estaban cumpliendo un fin social, porque ese era su destino, según recogen sus propios estatutos".

Por eso, para los inquilinos, la venta de las viviendas que habitan fue "irregular, porque una serie de personas vendieron las casas que no eran suyas, lo cual, además, hicieron de forma especulativa" y, sin embargo, "ninguno de los tribunales que ha conocido el asunto se ha manifestado sobre la ilegalidad clara, patente, manifiesta y flagrante de esta realidad".

Las Casas Baratas se construyeron a principios del pasado siglo XX por la Sociedad Casas Baratas, con el objetivo de habilitar una barriada para acoger la residencia de obreros y familias sin recursos. Los edificios que se mantienen en pie conservan el aspecto exterior de casas de trabajadores de una planta o dos y fueron vendidas por los supuestos herederos de los fundadores de la sociedad a una constructora en 2005, sin que los vecinos tuvieran noticia de ello hasta días después y de forma casual.