Guatemala, 22 may (EFE).- La Justicia de Guatemala ha resuelto iniciar un segundo proceso penal contra el general golpista José Efraín Ríos Montt, de 86 años, por las matanzas cometidas por el Ejército durante su mandato, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, que se cobraron miles de vidas.
Sus abogados empezaron hoy a preparar los recursos que presentarán ante todas las instancias que les sean posibles, más que para evitar los juicios para demostrar que el genocidio y delitos de lesa humanidad de que le acusan "nunca existieron".
"Durante la guerra lo que ocurrieron fueron muertes, excesos y hasta masacres, pero no genocidio. Eso es lo que vamos a demostrar", dijo hoy a Efe el abogado Francisco Palomo, quien dirige el equipo de defensa de Ríos Montt.
Después de casi dos décadas en que organizaciones de derechos humanos, supervivientes de las matanzas y familiares de las víctimas empezaron los procesos en busca de justicia, los tribunales guatemaltecos han encontrado "razonables evidencias" para investigar y procesar al anciano exmilitar.
El 26 enero pasado, apenas unos días después de haber perdido la inmunidad jurídica que mantuvo durante los últimos años como diputado al Congreso, la jueza Carol Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, le vinculó al proceso penal y ordenó su arresto domiciliario por el primer caso.
Flores admitió la petición de la Fiscalía, que le acusó de genocidio y delitos de lesa humanidad por haber diseñado, ejecutado y ordenado tres planes contrainsurgentes mediante los cuales el Ejército asesinó al menos a 1.771 indígenas de la etnia ixil durante el tiempo que él gobernó de facto este país centroamericano.
Los abogados de Ríos Montt lograron en marzo pasado que la jueza Flores dejará el caso, que fue trasladado a otro tribunal, pero fracasaron en el intento de obtener una amnistía a su favor.
El lunes, Ríos Montt se enfrentó de nuevo ante la jueza Flores, cuyo tribunal se encarga del proceso judicial por la muerte de 201 campesinos perpetrada por miembros de Ejército el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad de Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén.
Aunque en este caso la Fiscalía acusó al exjefe de Estado de asesinato y delitos contra la humanidad, tras analizar los antecedentes, argumentos y evidencias Flores ordenó vincularlo a proceso pero no por asesinato sino por genocidio, ya que consideró que la acción militar tenía como objetivo aniquilar a los miembros de la comunidad.
Por este mismo hecho, en agosto de 2011 tres exmilitares que participaron en la matanza fueron condenados por un tribunal guatemalteco a 6.060 años de prisión, y un cuarto involucrado fue sentenciado a la misma pena en marzo pasado.
Según el abogado defensor Palomo, los fallos de la jueza son respetables pero "alejados de la realidad", "incongruentes" y "refutables", por lo que con los recursos que promoverá los próximos días pretende demostrar "que en Guatemala no hubo genocidio".
Ríos Montt, quien gobernó la época más sangrienta de la represión militar que padeció el país durante su guerra interna de 36 años (1960-1996), es el único exalto cargo militar que formalmente ha sido acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad.
El también exgeneral golpista Óscar Mejía Víctores (1983-1986) se libró de la Justicia en diciembre pasado cuando un juez le declaró "incapaz" de afrontar un juicio debido a un derrame cerebral que sufrió y lo dejó en libertad.
Juan Francisco Soto, director del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que asesora a los familiares de las víctimas, se declaró "satisfecho" por el proceso, que calificó de "esperanzador" en la lucha contra la impunidad.
"Sabemos que la defensa (de Ríos Montt) presentará una lluvia de recursos (...) para entorpecer los procesos y evitar una sentencia condenatoria, y estamos preparados para ello", dijo hoy Soto a Efe.
Lo importante, agregó, "es que la Justicia llegue", aunque sea tarde.
Carlos Arrazola
