Un juez emplaza a la Fiscalía a pronunciarse sobre si se debe cerrar la web delatora

Barcelona, 16 may (EFE).- Un juez de Barcelona ha emplazado a la Fiscalía y al departamento de Interior para que se pronuncien sobre si se debe cerrar o no de forma cautelar la web de delación de sospechosos de cometer actos de violencia callejera, mientras resuelve si vulnera principios fundamentales.

En un auto, el titular del juzgado contencioso-administrativo número 13 de Barcelona acuerda la apertura de un proceso ordinario para decidir si se ordena el cierre cautelar de esta web, a partir de un recurso presentado por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.

En su escrito, el juez emplaza a la Fiscalía y a la consellería de Interior para que le presenten, en un plazo de diez días, las alegaciones que consideren oportunas sobre si se debe o no cerrar la web de delaciones, que la consellería de Felip Puig activó el pasado 24 de marzo para que los ciudadanos ayudaran a los Mossos d'Esquadra a identificar a sospechosos de cometer actos de violencia urbana durante la huelga general del 29M.

Esta web, que en tres semanas ha permitido identificar a 23 sospechosos -entre ellos un menor que exigió que retiraran su fotografía-, ha despertado los recelos de los juristas y ha llevado al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a abrir una investigación de oficio para determinar si vulnera derechos básicos relativos a la propia imagen y la presunción de inocencia.

El juez ha rechazado la petición que le planteó la Asociación para dictar el cierre de la web de forma cautelarísima, al estimar que no se dan las condiciones de urgencia para tener que adoptar una decisión así, sin escuchar previamente a las partes.

En el auto, el juez recuerda que la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos prefirió formular un requerimiento previo en la vía administrativa que no era preceptivo, ya que se dirigió en primer lugar al departamento de Interior para pedir la retirada de la web, en vez de acudir directamente a la vía judicial.

De hecho, la Asociación reclamó a Interior que cerrara la web, justo después de ser activada y, ante el silencio administrativo que recibió como respuesta, decidió emprender la vía judicial con un recurso contencioso-administrativo.

En cualquier caso, el juez subraya que la propia conducta de la parte recurrente, al acudir primero a Interior y no a la justicia, demuestra que la "urgencia especial" que requeriría la adopción de una medida cautelarísima "brilla por su ausencia".

Además, alega también que, para evitar la "banalización" del "privilegio procesal" que supone adoptar una medida cautelarísima sin escuchar a las partes, se restringe su ámbito de aplicación a los que podrían verse perjudicados por la actividad administrativa impugnada, lo que no ocurre en el caso de la Asociación y la web.

En cualquier caso, el juez remarca el "meritorio objeto social" de la Asociación recurrente, al tratarse de la defensa y promoción de los derechos fundamentales.

Pese a rechazar el cierre cautelarísimo de la web, el juez reconduce el proceso hacia la vía ordinaria, aunque con las especialidades contempladas por tratarse de una impugnación de una actuación administrativa en plena fase de ejecución.

En su recurso, la Asociación denuncia que la web de Interior infringe las leyes de protección de datos de carácter personal, de derecho al honor y a la propia imagen del menor.

Los denunciantes resaltan también que los 68 sospechosos incluidos inicialmente en la web no están imputados en ningún proceso policial, por lo que su exhibición junto a la frase "la policía dispone de elementos de incriminación de su participación en actos delictivos o vandálicos" supone una vulneración a su derecho al honor y a la presunción de inocencia. EFE