Bajo la presión de Alemania tras el escándalo con Liechtenstein por la divulgación de un gran fraude fiscal, los ministros europeos de Finanzas avanzaron el martes en Bruselas hacia un endurecimiento de las reglas contra la evasión fiscal, aunque siguen divididos por la cuestión del secreto bancario.
Al final de una reunión en Bruselas, los 27 miembros de la UE pidieron a la Comisión Europea reexaminar "lo más rápido posible" una legislación europea de 2005 sobre el impuesto al ahorro en el bloque, juzgada insuficiente tras el escándalo fiscal con los ahorristas alemanes en Liechtenstein.
Unos 1.000 ricos alemanes, entre ellos varias "personalidades", son sospechosos de haber defraudado al fisco hasta 4.000 millones de euros (unos 6.000 millones de dólares) invertidos en fundaciones del principado europeo de Liechtenstein, donde los impuestos son prácticamente inexistentes.
El comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, indicó que hará "propuestas legislativas concretas para enmendar" la reglamentación, tal como le había exigido el ministro alemán Peer Steinbruck.
En efecto, el texto actual adoptado tras 14 años de duras discusiones aparece hoy en día como demasiado limitado.
Es que si bien prevé un intercambio de informaciones entre Estados sobre las ganancias del ahorro de los ciudadanos no residentes, varios miembros de la UE que practican el secreto bancario (Bélgica, Luxemburgo, Austria) y ciertos paraísos fiscales europeos (Suiza, San Marino, Mónaco, Andorra, Liechtenstein) lograron quedar fuera de la ley.
Esos países y micro-Estados se contentan con imponer un gravamen a los intereses producto del ahorro depositado en sus bancos y enviar el 75% de esos montos al país de origen del ahorrista, sin que las sumas en cuestión puedan ser controladas.
Esta legislación tiene otra laguna: no abarca todos los productos del ahorro, ya que excluye a los dividendos de acciones y se limita a los depósitos efectuados por personas físicas (y no por fundaciones o empresas).
Ante esta situación, varios países, liderados por Alemania, piden endurecer las reglas, por ejemplo a través de una extensión de los impuestos a los dividendos y otras ganancias financieras, la inclusión de las empresas y fundaciones en el campo de aplicación del texto, o la obligación para los paraísos fiscales de divulgar la identidad de los titulares de cuentas bancarias en sus territorios.
Sin embargo, los debates se anuncian tensos, ya que Austria, Bélgica y Luxemburgo ya advirtieron el martes que sólo aceptarán una modificación si la misma incluye a los paraísos fiscales que no están dentro de la UE.
El problema es aún mayor en cuanto al secreto bancario, marco en el cual los tres países en cuestión se mostraron directamente inflexibles.
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