Madrid, 8 may (EFE).- Los 6.762 funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid verán controlado su horario, mediante un sistema electrónico, a partir del próximo 1 de junio, y antes del verano se comenzarán a realizar estudios sobre la carga de trabajo de estos empleados públicos para mejorar la eficiencia actual.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, al presentar el informe sobre el estado de la Administración de Justicia en la región, elaborado con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía de Madrid, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y que incluye una batería de 80 medidas para su mejora.
Entre éstas figuran el control de horario de los funcionarios, el estudio de las cargas de trabajo, la reducción del número de interinos, retomar el proyecto Ciudad de la Justicia de manera más austera y reducir el coste de la asistencia jurídica gratuita.
El informe refleja que el presupuesto en Justicia se ha incrementado un 81,9% desde 2003 (de 141 a 350 millones de euros), pero el diseño territorial es "disfuncional", con 21 partidos judiciales desiguales y dificultades en la gestión del patrimonio por la obsolescencia de los edificios y la dispersión de las sedes.
Constata asimismo que la tasa de litigiosidad de los juzgados madrileños es la más alta de España, con 230,82 asuntos por cada 100.000 habitantes (2.914 asuntos por juez al año), y que el número de jueces, fiscales y secretarios judiciales es inferior a la media española.
Revela que hay 6.762 funcionarios judiciales, un 36% más que en 2003, pero distribuidos "inadecuadamente", así como que "no existe un adecuado control horario" de la plantilla, y hay un "excesivo" número de interinos (1.537), que suman un 22% del total del personal funcionario.
De estos datos se desprende que "no hay un índice de satisfacción entre los madrileños que se corresponda con lo invertido" en Justicia, según Plañiol, por lo que la Consejería propone 80 medidas, algunas de las cuales competen a la Comunidad de Madrid y otras no.
Una de ellas es la puesta en marcha en todas las sedes judiciales, a partir del próximo 1 de junio, del sistema informático FIVA (fichaje y vacaciones), que permitirá controlar el horario de los funcionarios, ya que se activa al comenzar la jornada y requiere actualizaciones cada cierto tiempo.
Además, antes del verano se comenzarán a estudiar las cargas de trabajo en diferentes sedes, haciendo una prueba piloto en la Audiencia Provincial.
También se impulsará la movilidad de destino de los funcionarios y se reducirá al máximo en numero de interinos, así como las prolongaciones de jornada y los refuerzos.
El informe prevé retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, pero "dándole la vuelta", de modo que "se reduzca la ambición de metros cuadrados de un edificio que deje huella arquitectónica (como se ideó originalmente) y se pueda contar con colaboración privada" para su construcción.
Plañiol ha detallado que para final de año podría estar perfilado el proyecto, y previamente se continuarán concentrando las sedes judiciales en Plaza de Castilla y en el eje Gran Vía-Princesa.
El estudio incluye asimismo una revisión del programa de asistencia jurídica gratuita, tras constatar que las solicitudes han aumentado un 74,6% desde 2003, con un gasto de 44 millones de euros en 2011, de manera que se garantice este derecho pero con un mayor seguimiento y control.
La consejera ha explicado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su intención ayer, en la Conferencia Sectorial de Justicia, de asumir un mayor control de la asistencia jurídica gratuita, que debe garantizarse a las personas que realmente no tienen medios.
En este contexto, Plañiol ha informado de que la Consejería ya ha hecho los trámites necesarios para que los abogados del turno de oficio cobren los pagos de 2011 que se les adeudan.
El informe elaborado por la Consejería prevé además la eliminación progresiva de las Oficinas Civitas y la reasignación de sus efectivos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de otras normas para reducir la ligitiosidad; y el apoyo a las tasas judiciales y la resolución alternativa de conflictos.
El Ejecutivo regional ha puesto ejemplo de la situación actual que un juicio rápido por un hurto de 30 euros puede conllevar un gasto para la Administración 40 veces superior, hasta los 1.300 euros.
El informe estima que para 2015 se haya implantado la Administración Judicial Electrónica.
La consejera ha explicado que ayer mantuvo una reunión con los sindicatos para trasladarles las medidas hechas publicas hoy.
