El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que instruye la causa por el agujero de 25 millones de euros en la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha acordado pedir a cuatro compañías de teléfonos que faciliten información e identidad de los usuarios de cinco terminales, con determinados números de código IMEI, para comprobar si son ciertas las declaraciones realizadas por el exinformático de la empresa, Sebastián García 'Chanín', sobre el exgerente Esteban Cuesta.
VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)
Así lo acuerda en un auto de fecha 25 de abril, en el que responde a una petición del ministerio fiscal, que pedía que se pidiera a la Brigada de Investigación Tecnológica información sobre una serie de terminales que aparecen en las facturas que 'Chanín' aportó a la causa y que dijo que había entregado a Esteban Cuesta.
El juez explica en su resolución que en las facturas originales pagadas por las empresas de García, y que según él se corresponden a pagos hechos en beneficio de Cuesta, luego repercutidos a Emarsa, constan múltiples terminales de móviles y en algunos consta el IMEI.
Esto "abre la posibilidad de conocer, no solo los números de teléfono y las compañías telefónicas que suministran el servicio, sino también sus auténticos destinatarios, pues incluso el número de terminales en los que consta el IMEI es importante y no parece razonable que, en su caso, fueran utilizados por una sola persona", señala el magistrado.
Por ello, ante la "gravedad" del delito investigado y dado que no existe otro modo de conocer los números asignados a los terminales y sus usuarios y si son ciertas las declaraciones de Sebastián García sobre Cuesta, el juez accede a la práctica de la diligencia solicitada, sobre la que precisa que "en modo alguno supone una injerencia en el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones". En todo caso, señala que es una diligencia "necesaria y resulta adecuada al principio de proporcionalidad de la medida restrictiva con el fin perseguido".
"PEAJE"
En la resolución, el juez recuerda que Sebastián García, en su declaración, dijo que Cuesta les exigió el pago de un "peaje" para trabajar en Emarsa de 4.000 euros mensuales, que siempre le entregó a él mismo en efectivo. Al margen del pago fijo, posteriormente le indicaba cantidades que se tenían que facturar cada vez y la cantidad que se le tenía que entregar como el pago de Emarsa a Construcciones y Reforma Rocafort, mediante pagarés.
A través del sistema acordado, Chanín cifró en 1,8 millones de euros el dinero entregado a Cuesta en comisiones, cantidades que entendía que una parte eran para él y que otra iba destinada a repartir con terceras personas, que desconocía. El exinformático aportó las facturas originadas pagadas por sus empresas, que se correspondían a pagos en beneficio de Cuesta, repercutidos a Emarsa, entre las que figuraban terminales de móviles.
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