
Madrid, 25 abr (EFE).- El grupo de personas que esta mañana ha accionado las frenos de emergencia en trece convoyes de nueve líneas del metro madrileño se exponen no sólo a la multa prevista en el reglamento de viajeros de la compañía, sino a lo que prevea el Código Penal, al tratarse de una acción coordinada.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que esa acción tendrá "consecuencias legales" que se desprenden del Código Penal.
En declaraciones difundidas por su gabinete, Cifuentes ha asegurado que la Policía está analizando las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de Metro para intentar identificar a los autores de este gesto.
Ha recordado que el grupo ha actuado "de manera coordinada" en una iniciativa "absolutamente reprobable" que ha causado retrasos en el servicio y "trastornos graves" a entre 8.000 y 10.000 personas.
El suceso ha tenido lugar de manera simultánea hacia las 8,30 horas de hoy, según Metro, que ha denunciado los hechos a la Policía y ha informado a la Delegación del Gobierno.
Los activistas han hecho pública su acción a través de un comunicado en el que la justifican por la subida de los precios del transporte público en Madrid y en su mensaje aseguran que la de hoy "es sólo la primera de sus acciones".
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