UGT propone que se debata la reordenación de los juzgados madrileños

Madrid, 24 abr (EFE).- UGT propone que la reordenación de los juzgados madrileños sea debatida entre los responsables municipales, los sindicatos de trabajadores de la Administración de Justicia, los sindicatos policiales, colegios profesionales afectados, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

En un comunicado emitido hoy, el sindicato considera que "ante las noticias conocidas en los últimos días que plantean la reordenación de las demarcaciones judiciales en la Comunidad de Madrid, se contraponen dos criterios".

Y añade: "El aprobado inicialmente por el Consejo General del Poder Judicial, que se basa en establecer circunscripciones con una población superior a los 100.000 habitantes y un mínimo de ocho juzgados; y la propuesta de la Consejera de Presidencia y Justicia del establecimiento de partidos judiciales regionales, que conllevaría la concentración de las sedes en la ciudad de Madrid".

Conforme a las bases establecidas por el Consejo General del Poder Judicial, habría que reordenar los 21 partidos judiciales actualmente existentes hasta reducirlos a 15, dado que varios de ellos no alcanzan los criterios establecidos.

Torrelaguna, Valdemoro, San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero, Coslada, Colmenar Viejo y Aranjuez son las sedes de las cabeceras de los partidos judiciales que en la actualidad no cuentan con el número de órganos judiciales fijado y por tanto procedería su reordenación, perdiéndose con ello el mantenimiento de la sede judicial en el municipio en varios de ellos, según UGT.

Por su parte, conforme al criterio del Ejecutivo regional, agrega el sindicato, veinte municipios que en la actualidad albergan juzgados dejarían de ser la sede de los mismos.

La propuesta de órganos judiciales con jurisdicción en toda la comunidad autónoma haría inviable su permanencia en las actuales sedes, ya que no tendría sentido que un ciudadano, para efectuar trámites que exigen su presencia efectiva en los juzgados, se tuviera que trasladar de Aranjuez a Colmenar, de Collado Villalba a Arganda, etcétera.

Ante esta disyuntiva, para UGT procede señalar que la concentración de las sedes judiciales conllevaría en gran medida un traslado de todos los agentes jurídicos (abogados, procuradores, otros funcionarios...) que en la actualidad están establecidos en estos municipios.

Además, obligaría a unos desplazamientos mayores a los ciudadanos que tengan que comparecer ante los mismos (demandantes, demandados, testigos, peritos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad...) Sin olvidar los costes que implicaría el traslado y la adaptación de nuevos locales.

Para UGT no tiene sentido que los grandes municipios madrileños con poblaciones superiores a las de muchas provincias, con varios partidos judiciales, no dispongan en su territorio de sedes judiciales.

El sindicato considera que la necesaria mejora del servicio público de la justicia no se debe hacer desde la base de reducir pleitos y demandas.

Y defiende que todos los ciudadanos con independencia de su posición económica deben poder acceder a la tutela judicial efectiva en defensa de sus derechos.

"La subida de las tasas judiciales y la centralización de las sedes judiciales constituyen un nuevo obstáculo", concluye.