Un exconsejero de Empleo, tercer encarcelado por la trama de los ERE en Andalucía

Sevilla, 24 abr (EFE).- La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado hoy prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, lo que eleva a tres los encarcelados tras el director general de Empleo, Javier Guerrero, y su chófer.

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se produjo tras 36 horas de declaración de Fernández, al que la magistrada le imputa un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas.

Fernández, que tras la decisión judicial ha dimitido como presidente del Consejo Regulador de Jerez, ha asumido su ingreso en prisión con ánimo y con la conciencia tranquila, según ha explicado su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

En su auto de prisión, la jueza acusa a Fernández de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía debido al "despilfarro continuado" de los fondos públicos.

De la declaración del exconsejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta "indiscriminadamente" y no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.

La juez concreta que durante la etapa de Fernández como viceconsejero y luego como consejero, se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros.

El fiscal también había pedido la prisión provisional comunicada y sin fianza por la gravedad de los delitos, porque existía riesgo de fuga y por la posibilidad de obstrucción de las fuentes de prueba.

La Junta sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte, a la que se sumó la acusación de UGT.

La acusación particular del PP y de Manos Limpias, por su parte, se adhirieron a la petición de la fiscalía de una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil.

Tras el encarcelamiento del exconsejero, que había sido conducido sin esposas desde los juzgados de Sevilla en un furgón policial, la portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones, Mar Moreno, ha mostrado la "pesadumbre" del Gobierno autónomo.

Después de indicar que no consideraba necesario el encarcelamiento de Fernández, Moreno ha defendido "el trabajo intenso y positivo" del exconsejero para la resolución de "importantes conflictos laborales" y ha resaltado la labor investigadora de la Junta en este caso, en el que se personó como acusación.

El líder del PP-A, Javier Arenas, por su parte, ha dicho que con el ingreso en prisión del exconsejero la responsabilidad del caso de los ERE llega a la antesala de los presidentes de la Junta y ha pedido la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sin embargo, considera que la decisión de la juez ha sido "desproporcionada por innecesaria".

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, también ha calificado como "desproporcionado" el ingreso en prisión de Fernández, que no se ha enriquecido en este caso, ha recordado, y ha dicho que existen indicios de que la decisión de la juez estaba previamente definida.

También se ha pronunciado sobre el ingreso en prisión el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien ha señalado en su cuenta de Twitter que "la Justicia sigue su curso 'caiga quien caiga'" y que el Parlamento iniciará una comisión de investigación tras una propuesta de IU que también hará el PSOE.