
Sevilla, 20 abr (EFE).- La juez que investiga los ERE irregulares ha preguntado hoy al exconsejero de Empleo Antonio Fernández si el actual presidente de la Junta en funciones, Jose Antonio Griñán, asesoró el convenio marco de 2001 que instauró el sistema de ayudas investigado.
Fernández, que declara como imputado ante la juez Mercedes Alaya, ha negado dicho asesoramiento pero ha afirmado que Griñán, como presidente de la Junta, su antecesor Manuel Chaves y el Consejo de Gobierno "conocían la operativa" del convenio marco que instauró el reparto de ayudas mediante las transferencias de financiación investigadas.
Abogados personados en la causa han informado en un receso a las nueve de la noche que Fernández ha declarado a la juez que él mismo como consejero y el viceconsejero de turno intervenían en las ayudas importantes por la cuantía de la ayuda -ha citado la cifra de tres o cuatro millones de euros- o por el número de trabajadores.
Ha afirmado que, en los demás asuntos, él no supervisaba a la Dirección General de Trabajo -cuyo extitular Francisco Javier Guerrero está encarcelado desde el 9 de marzo- ya que ese departamento se "autosupervisaba".
Uno de los delitos que la juez ha imputado a Fernández ha sido conceder ayudas a su localidad natal de Jerez de la Frontera, lo que el imputado ha empezado negando aunque luego, a preguntas concretas, ha reconocido haber intervenido en reuniones para las subvenciones a Garvey, el Centro Geriátrico del Obispado de Jerez, William Humbert o Zoilo Ruiz Mateos.
La juez Alaya ha imputado a Fernández cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento.
El exconsejero sigue declarando esta noche y, según los abogados, la comparecencia ante la juez se puede prolongar mañana sábado y el domingo.
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