
Barcelona, 17 abr (EFE).- La Delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, ha replicado hoy al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al que han impedido la entrada al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, y le ha pedido "respeto institucional y competencial".
El Síndic, que se ha desplazado al CIE de la Zona Franca acompañado por tres miembros del equipo de la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, ha denunciado que les han impedido la entrada al centro, lo que a su juicio es una cosa "impropia de la Democracia, un desprecio al Parlament y un agravio hacia Cataluña".
La Delegada del Gobierno le ha contestado a través de un comunicado en el que considera que "por respeto institucional y competencial, el Síndic de Greuges no debería intervenir en aquellos órganos de la Administración General del Estado sobre los que carece de competencias".
La Delegación del Gobierno ha asegurado que el ámbito competencial del Síndic de Greuges se limita a la administración autonómica y local en Cataluña "y, por tanto, carece de atribuciones respecto a la Administración General del Estado".
Respecto a la Autoridad de Prevención de la Tortura, la Delegación ha afirmado que "la única institución investida por las Cortes Generales con competencias en todo el territorio español y sobre todas las administraciones, incluida la catalana, es el Defensor del Pueblo".
De Luna ha asegurado que el Gobierno "no tiene nada que ocultar en la gestión de los CIE y, en consecuencia, no tendría ningún inconveniente en mostrar las dependencias a representantes de Naciones Unidas si así lo solicitaran".
Recientemente, una delegación de la oficina del Defensor del Pueblo visitó el CIE de la Zona Franca, que también fue visitado por dos jueces y un fiscal designados por la Junta de Jueces de Barcelona, quienes, según la Delegación, certificaron "que las instalaciones estaban mucho mejor de lo esperado".
La Delegación del Gobierno ha recordado que el Ministerio de Interior está elaborando un nuevo reglamento para que las ONG de asistencia a las personas inmigradas tengan cabida en la gestión de los CIE.
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