Los manifestantes que defendían a Garzón ante el Supremo piden firmas contra las multas, que suman los 4.400 euros

La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y Solidarios con Garzón han impulsado una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada de las multas que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso a nueve personas por participar en manifestaciones de apoyo al exjuez Baltasar Garzón celebradas a las puertas del Tribunal Supremo.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno de Madrid impuso sanciones de 300 euros por faltas leves y 1.000 euros por faltas graves a las personas que se concentraron los días 31 de enero y 7 de febrero ante el Alto Tribunal. En total, las multas suman los 4.400 euros.

"El primer día por haber participado en una concentración que se realizó ante el tribunal seguido de una manifestación espontánea y el seguido día por no hacer caso a la autoridad, ya que ese día venía el ministro de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y nos teníamos que retirar del Tribunal Supremo. Y aunque hicimos caso y nos retiramos, al final nos han sancionado", explican los afectados.

Según añaden, han acudido en cerca de diez ocasiones al Supremo para participar en manifestaciones que han reunido a miles de personas en apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

MULTAS RECURRIDAS

"Vistas las denuncias, es una vergüenza que los ciudadanos tengamos que soportar esta situación y, por lo tanto, nos vamos a declarar todos solidarios porque no son solamente nueve los sancionados, sino que deberíamos ser todos los que hemos participado", agregan.

Durante un acto celebrado este viernes en el Ateneo de Madrid en apoyo a las víctimas del franquismo, los sancionados han explicado que recurrido el pago de estas multas al considerarlas "injustas" y "profundamente antidemocráticas".

Defienden que se reunieron de forma "pacífica" y entienden que las sanciones están dirigidas a "coartar el ejercicio de derechos fundamentales e intimidar a los ciudadanos" que discrepan de resoluciones judiciales.

Durante las manifestaciones, el Gobierno aseguró que no existió ninguna orden para identificar a los participantes, pero admitió que se tuvo que proceder a tomar datos el pasado 24 de enero en una concentración ya que no se había convocado de acuerdo con la legalidad y además se desarrollaba ante el Tribunal Supremo.