Lima, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Perú descartó hoy negociar con los "terroristas" que exigen 10 millones de dólares (7,6 millones de euros) por liberar a 43 trabajadores que secuestraron el lunes en la selva de la región de Cuzco, en el sureste del país.
"El Gobierno no negocia con terroristas, el Gobierno actúa en el marco de la ley", afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
Jiménez declaró que el ministerio del Interior dirige en la zona una operación de seguridad junto con la cartera de Defensa "para poder rescatar con vida a estas personas".
El Gobierno de Perú declaró el miércoles el estado de emergencia (excepción) en la provincia cuzqueña de La Convención, donde se originó el secuestro, y hoy informó del envío de 1.500 militares para "acordonar" la zona y "aislar" a los secuestradores, que tildó de "narcoterroristas", terroristas vinculados al narcotráfico.
El Gobierno también anunció que adoptará "todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes", manifestó su solidaridad "con la angustia de sus familiares" y les pidió mantener la calma.
El Ministerio del Interior confirmó el miércoles a Efe que son 43 los trabajadores de empresas contratadas por el consorcio de gas de Camisea que sigue secuestrados en la selva del Cuzco.
En una nota de rescate difundida por medios locales los captores exigen el pago de 10 millones de dólares (7,6 millones de euros), una "cuota de guerra" anual de 1,2 millones de dólares (900.000 euros) y explosivos.
Nueve de los trabajadores fueron interceptados en dos campamentos de la localidad de Kepashiato, según la fuente, y pertenecen a las empresas Coga y Skanska, que dan servicio al consorcio de gas de Camisea.
Kepashiato se sitúa en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un lugar selvático de muy difícil acceso donde se movilizan remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico.
