Manila, 11 abr (EFE).- La expresidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, y su marido se declararon inocentes ante el Tribunal Anticorrupción sobre las acusaciones de soborno y tráfico de influencias en un acuerdo con una compañía de telecomunicaciones china durante su mandato, informa hoy la prensa local.
Este es el segundo proceso judicial al que se enfrenta la exmandataria filipina, que fue arrestada el año pasado y que también tiene abierta una causa de fraude electoral por los comicios legislativos de 2007.
El Gobierno de Filipinas, con Macapagal al frente, y la empresa china ZTE, firmaron en 2007 un contrato sobre la explotación de internet de alta velocidad en el país asiático.
Una posterior investigación del Congreso sobre el acuerdo firmado descubrió que este se encontraba sobrevalorado en al menos 200 millones de dólares y estaba plagado de irregularidades, indica el diario "Inquirer".
Ante la presión social, Macapagal Arroyo anuló el contrato con ZTE ese mismo año, después de que una de las empresas litigantes por esa obra denunciase presiones y otras irregularidades.
El Tribunal Anticorrupción de Filipinas ordenó en marzo de este año el arresto de Arroyo, su marido, Jose Miguel Arroyo, el exministro de Transporte, Leandro Mendoza, y el expresidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, por corrupción y tráfico de influencias en la firma de este convenio.
Arroyo, quien se encuentra detenida en un hospital militar, también es acusada de ordenar alterar el resultado arrojado por las urnas en una provincia musulmana del sur de Filipinas para favorecer a los candidatos de su partido al Senado en 2007.
Sobre la exmandataria también pesa la denuncia formal de que financió las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos de asistencia a los trabajadores filipinos.
Las autoridades también investigan la supuesta participación del marido de la expresidenta en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos.
La victoria de Benigno Aquino en las elecciones presidenciales de 2010 propició un cambio en el Gobierno de la nación y se reabrieron algunos de los escándalos surgidos durante el mandato de su antecesora.
Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Arroyo y a su esposo han sido probados en un tribunal de justicia.
