
Montevideo, 10 abr (EFE).- La posibilidad de que los pacientes asesinados por dos enfermeros en hospitales uruguayos puedan ascender solo a otras seis víctimas fue visto hoy con alivio por las autoridades después de que se descartaran más de 350 denuncias sobre las posibles actividades criminales de los acusados.
El presidente de la Junta Nacional de Salud (JUNASA), Luis Gallo, indicó a Efe que si se considera el enorme número de denuncias que recibieron las autoridades sobre los enfermeros, quienes confesaron quince asesinatos pero reconocieron haber actuado contra muchos más pacientes, seis supuestos asesinatos más no es un "número tan grande".
"El juez ya los procesó por quince casos y nuestra denuncia pasará a la Justicia, donde el juez determinará si de verdad los casos están vinculados a las actividades criminales, o son solo mala praxis, error médico o muerte natural. Vemos igual que el número no es tan grande, en un contexto de un asesinato serial con más de 300 denuncias, y con solo seis que podrían tener alguna vinculación", dijo Gallo.
Del mismo modo se expresó en declaraciones a Efe el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Martín Rebella, quien consideró que "dentro de la desgracia, el hecho positivo que el número de posibles víctimas sea menor de lo estipulado".
Según explicó Gallo, la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de presentar estas denuncias se produjo después de un análisis pormenorizado caso por caso que un equipo técnico formado por médicos y abogados hicieron sobre las quejas recibidas.
De ese análisis, que se centró en comprobar si los hechos estaban vinculados con los procesados, quedaron tan solo seis susceptibles de ser delitos, si bien Gallo indicó que la idea del MSP es seguir trabajando con otras denuncias que se están recibiendo para ver si "están vinculadas a los hechos".
El pasado 19 de marzo todo Uruguay quedó conmocionado cuando se conoció que los enfermeros Ariel Acevedo, de 46 años, y Marcelo Pereira, de 39, fueron procesados por al menos 15 casos de "homicidio especialmente agravado" cometidos en pacientes bajo su cuidado.
El primero inyectaba aire en las venas a sus pacientes y el segundo les suministraba por vía intravenosa potentes drogas como morfina, fenergan o dormicum.
Ambos justificaron estas muertes por "razones humanitarias", pero el juez que los procesó, Rolando Vomero, descartó que los móviles de ambos fueran "piadosos".
El magistrado procesó además con prisión a la enfermera Andrea Acosta por "complicidad".
Estos sucesos desataron una oleada de denuncias y sospechas sobre las prácticas de los enfermeros que llegaron por cientos tanto a las autoridades sanitarias como a las policiales y que sembraron la desconfianza en la sanidad uruguaya en su conjunto.
En este sentido, Gallo apuntó que la "psicosis" desatada en el país por estos sucesos "está disminuyendo", si bien la situación todavía está lejos de "volver a la normalidad".
"La confianza se pierde en un minuto y cuesta mucho recomponerla. Trabajamos para empezar a ganar la confianza", añadió.
Gallo indicó que precisamente es el "desafío" de las autoridades recuperar la confianza perdida y buscar "minimizar los problemas que pueda tener la seguridad del paciente".
"Está claro que evitar crímenes es imposible, ningún sistema sanitario está preparado para evitar delitos, pero sí lo están para evitar errores médicos y mala praxis, y en eso trabajamos", indicó.
El responsable de la JUNASA apuntó además que si bien estos sucesos "pusieron en jaque al sistema", este sigue "funcionando bien", lo que ni implica que se deje de atender "las alarmas que dispararon".
En ese sentido, el presidente del SMU señaló que el cuerpo médico uruguayo trabaja para recuperar la confianza de la sociedad, al tiempo que reconoció que el suceso reveló la necesidad de reglamentar y mejorar los tratos paliativos en el país, así como para que se revisen los procedimientos y se aclare cuando un médico tiene que certificar una muerte y cuando no.
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