Barcelona, 28 mar (EFE).- El fiscal pide penas de hasta 44 años de cárcel para un comisario y dos inspectores jefe de la Policía Nacional acusados de proteger a los dueños de los burdeles Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona) a cambio de dinero y regalos, en una trama de supuesta corrupción policial con veinte imputados.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide 44 años de cárcel para el exinspector jefe de la Policía Nacional en la brigada de Extranjería José Javier M.P.; 22 para otro inspector jefe de esa área, Abundio N., y 17 para el comisario jefe de la unidad contra la inmigración irregular del mismo cuerpo, Luis G.
Los imputados en esta trama de supuesta corrupción policial vinculada a burdeles, que se destapó a inicios de 2009 y ha comportado la clausura indefinida de los burdeles Riviera y Saratoga, están acusados de una decena de delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, asociación ilícita, coacciones y favorecimiento de la prostitución.
En la causa están imputados seis mandos y agentes de la Policía Nacional, que según el fiscal actuaron "abusando de su condición y capacidad de mando" para obtener dinero y regalos de parte de los responsables de los prostíbulos Riviera y Saratoga a cambio de facilitarles información confidencial sobre redadas policiales.
Los seis policías nacionales imputados son, además del comisario y los dos inspectores jefes, el inspector jefe Andrés O.B., ya jubilado cuando se precipitó la investigación y para quien el fiscal pide 17 años de cárcel; el subinspector Ignacio L.G. -16 años-; y el agente de la brigada de extranjería Manuel M.R., que afronta 16.
Estos seis mandos y agentes formaban parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la UCRIF, por lo que entre sus funciones figuraban la inspección de los prostíbulos.
Según el fiscal, entre 2002 y 2008, los seis policías facilitaron "detallada información" a los responsables del Riviera y Saratoga de las inspecciones que iban a producirse en sus locales, a cambio de una remuneración "periódica o puntual, en dinero o en especie".
Según la Fiscalía, los policías imputados no dudaron en llevar a cabo inspecciones que supusieran un grave perjuicio económico para los prostíbulos, al detener a numerosas prostitutas, por lo que finalmente los responsables de los burdeles aceptaron pagar para no ver menguados sus beneficios económicos.
Para el ministerio público, los responsables del Riviera y Saratoga imputados entregaron a los policías supuestamente corruptos desde dinero en efectivo hasta regalos como relojes de lujo, estancias en hoteles o lotes navideños e incluso sufragaron una operación estética de la hija de uno de los policías imputados.
Para entregar los pagos o los regalos, la red utilizó como intermediario al confidente policial Manuel G.C., a quien el fiscal propone como testigo y que está siendo investigado por supuesto tráfico de drogas por otro juzgado de Barcelona, en unas diligencias en las que ha sido imputado un subinspector de los Mossos y cinco agentes acusados de protegerle.
Se da el caso de que la pena más alta que pide la fiscalía es para el inspector jefe José Javier M.P., que era inicialmente ajeno a la trama y que en 2005 llegó incluso a iniciar una investigación interna, porque sospechó que se cometía alguna irregularidad porque los burdeles Riviera y Saratoga siempre tenían tiempo suficiente para prepararse para afrontar los controles sin que se detectara la presencia de prostitutas en situación irregular.
Sin embargo, según el escrito fiscal, los demás agentes involucrados en la trama se reunieron y acordaron que el comisario Luis G., convenciera a José Javier M.P. para que depusiera su actitud, a lo que éste accedió.
Según el fiscal, a partir de entonces, hijos de José Javier M.P. empezaron a recibir mensualidades de las sociedades mercantiles de los dueños de los prostíbulos e incluso le pagaron a uno de ellos los gastos de un tratamiento médico en el extranjero.
Además, este inspector jefe se concertó presuntamente con tres abogados que asesoraban a asociaciones de ocio nocturno como Fecalon y Aceca, para que cobraran cantidades de dinero "desorbitadas" a los clientes tras las redadas policiales.
Por este motivo, el fiscal también pide 20 años de cárcel para el abogado Alex G.,M., 15 años para el letrado Fernando M.I. y 5 años para Carlos C.O., acusados de extorsionar a los propietarios de varios locales de alterne de Barcelona.
En su escrito, el fiscal pide además penas de entre 4 y 18 años de cárcel para siete dueños y responsables de los burdeles Riviera y Saratoga porque, además de sobornar a los policías, explotaban sexualmente a las prostitutas, ya que muchas de ellas acababan de llegar a España, en situación irregular, y vivían en los burdeles.
En la causa también está imputado el inspector de los servicios técnicos del distrito del Eixample de Barcelona, Manuel M.M., para quien el fiscal pide 19 años de cárcel, por avisar de las inspecciones administrativas a varios burdeles de Barcelona, de la mano del también acusado Joaquin Q.M., que se enfrenta a 20 años.
